El Hospital General de València mantiene sin contrato a Eresa 'sine die'

VALÈNCIA. El Hospital General de València mantendrá a Eresa sin contrato, sine die al frente del servicio de resonancias magnéticas y TAC. Así se desprende de la reunión de este jueves del consejo de gobierno del consorcio, en el que se pusieron sobre la mesa las intenciones de internalizar el servicio pero no fechas concretas para acometerlo. Según apuntan las fuentes consultadas, la devolución a lo público de estas pruebas no llegará a tiempo para la fecha de finalización del contrato del TAC, el próximo 24 de julio. 

Esta situación no es nueva, ya se dio con las resonancias magnéticas, también en manos de Eresa, cuyo contrato terminó el 8 de enero y que sigue prestando Eresa, a la que desde entonces se le paga a través de expedientes de enriquecimiento injusto. En esa ocasión, la justificación fue la conveniencia de devolver de forma simultánea a la gestión pública tanto resonancias como TAC. Desde el hospital que dirige Enrique Ortega justificaron la decisión señalando su estructura unificada, tanto en instalaciones como del personal facultativo, técnico y de administración.

A pesar de que la Conselleria de Sanidad sí que denunció en tiempo los tres contratos con Eresa -el de medicina nuclear acaba a finales de 2018- para dar por terminada la relación con la compañía que preside Lorena Saus, la realidad ha sido muy distinta, aunque no por ello inesperada. El gerente del hospital ya dejó entrever que esta situación se daría. Lo hizo en las alegaciones del pasado 22 de noviembre al borrador del informe de fiscalización de la Sindicatura sobre las cuentas del consorcio de 2016.

En el documento se dejaba constancia de la petición a la Conselleria de Sanidad para que Eresa siguiera prestando el servicio de TAC para el centro más allá de julio de 2018. La razón manifestada era una supuesta falta de tiempo -hace tres años que se sabe que los contratos finalizaban ahora- para dotar a la administración de los medios humanos y materiales para asumir ese servicio. De hecho, en el consejo de este jueves se aprobó la próxima oferta de empleo público en la que se incluyen 351 plazas de distintas categorías, entre ellas las de técnico radiólogo. 

El gerente incluso llegó a señalar en las alegaciones que la disponibilidad de ambos elementos trascendía del ámbito decisorio del consorcio, por lo que trasladaba toda la responsabilidad a la Conselleria de Hacienda y a la de Sanidad. Cabe mencionar que este también ha sido el primer consejo de gobierno presidido por la nueva consellera de Sanidad, Ana Barceló, que ahora será la encargada de afrontar la situación. 

A pesar de la nueva OPE aprobada, desde el General se pidió que se sometiera a la consideración de la Abogacía de la Generalitat, de la Intervención General de la Generalitat y de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia la "viabilidad" de la integración del personal de Eresa como trabajadores del consorcio a la vista de la línea que la propia Generalitat ha adoptado respecto del personal del Hospital de la Ribera. Una posibilidad que la conselleria también estaba estudiando para los hospitales públicos.

Ahora, las fuentes consultadas insisten en la intención de afrontar el proceso de forma "consensuada y ordenada" con la empresa, evitando que las decisiones tengan efecto negativo sobre la prestación asistencial. Respecto al contrato con Eresa, la Sindicatura de Comptes ya advirtió en 2015 de sus irregularidades, hasta el punto de que remitió al Tribunal de Cuentas indicios de una presunta responsabilidad contable.