VALÈNCIA. Las irregularidades en la contratación de interinos le han costado 690.000 euros al Hospital General de València. Así consta en la auditoría de cumplimiento de la legalidad que la Intervención de la Generalitat ha realizado sobre las cuentas del consorcio de 2017, en las que detalla las consecuencias que tendrán los incumplimientos detectados por la Seguridad Social en una inspección.
En concreto, el informe refleja que el hospital que dirige Enrique Ortega tuvo que abonar 619.000 euros –incluido un recargo del 20% que asciende a 103.000 euros– tras un acta de la Inspección de Trabajo de octubre de 2016 que halló irregularidades en las contrataciones por interinidad entre abril de 2012 y marzo de 2016. Según la intervención, se incumplió el Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la duración de los contratos.
A esa cantidad se suman los 71.000 euros (12.000 de recargo) que el Hospital General tuvo que pagar por un acta de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de mayo de 2017 por el mismo motivo, pero para el personal temporal contratado entre abril y agosto de 2016.
El Consorcio recurrió ambas actas de liquidación, pero la Dirección Provincial de la Seguridad Social en Valencia desestimó el recurso. El Hospital General acudió entonces a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que ha admitido a trámite el recurso pero aún no lo ha resuelto.
Además, la Intervención llama la atención sobre el hecho de que la dirección del centro no haya solicitado la autorización previa de la Conselleria de Hacienda para las contrataciones temporales para cubrir bajas por incapacidad o por maternidad y paternidad, lo que supone saltarse la normativa prevista en los Presupuestos de la Generalitat de 2017.
El año pasado, según consta en el mismo informe, el Hospital General de València contrató a 1.733 interinos, con un coste conjunto de 13,39 millones de euros.
El informe de la Intervención General también saca a la luz fraccionamientos de contratos por un importe de 22,9 millones. Desde el ente analizaron 42 facturas de compra de material sanitario de una serie de proveedores seleccionados para al final detectar que se adjudican sin proceso de selección previo. Aunque estas compras no superan de forma individual las cantidades indicadas como contrato menor, sí suponen fraccionamiento por tratarse de compras periódicas con un mismo proveedor y de un mismo contenido.
Para este tipo de contratos el consorcio tendría que haber tramitado un expediente de contratación para cumplir con lo marcado por la ley. Sin embargo, desde la dirección del centro aseguran que el principal motivo por el que no lo han hecho se debe a la inexistencia de crédito presupuestario suficiente que exige preparación de los contratos. Los otros dos millones en compras se han tramitado mediante peticiones realizadas a través de acuerdos marco.
La falta de presupuesto del consorcio también le ha llevado a llenar el cajón de facturas. Durante el 2017 se contabilizaron en la cuenta 409 -sin consignación presupuestaria- pagos por un valor de 9,6 millones de euros.
Estos gastos, en su mayoría, se deben a compras de productos farmacéuticos y material sanitario. De hecho, durante 2017 se tramitó un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por un total de 19 millones para pagar aquellos gastos que se habían realizado en 2016 pero no que estaban en el presupuesto.
