VALENCIA. La primera en la frente. Tres semanas después de tomar posesión de su cargo como consellera de Sanidad con el objetivo declarado de acabar con los conciertos y las concesiones sanitarias y en concreto, "recuperar la gestión de las resonancias magnéticas", Carmen Montón tuvo que tragarse el primer sapo, en forma de renovación por tres años de un contrato del Hospital General de Valencia con Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa), una de las principales beneficiarias de la privatización de servicios sanitarios.
Se trata del contrato para realizar las pruebas de TAC. Unos meses antes, al final del mandato de Alberto Fabra con Manuel Llombart como conseller de Sanidad, se habían renovado los otros dos contratos del hospital con Eresa, el de resonancias magnéticas y el del acelerador lineal y cámara gamma (medicina nuclear).
Por estos tres contratos Eresa facturó 12,95 millones de euros en 2014 y 13,18 millones el año pasado, por lo que la renovación por tres años supondrá para la contratista un ingreso de uno 40 millones de la sanidad pública. Es, probablemente, el mayor contrato de las Administraciones valencianas que no pasa por un concurso público.
Según explican a Valencia Plaza fuentes del Consorcio Hospital General Universitario, la renovación por tres años es automática si el hospital no denuncia el contrato con una antelación de un año a la fecha de vencimiento. Por ello, la decisión de renovar no la tomó el actual director gerente del centro, Enrique Ortega, nombrado el pasado mes de septiembre, sino quien ocupaba ese puesto el 8 de enero, el 10 de junio y el 24 de julio de 2014, cuando se tenían que haber denunciado los tres contratos para que no se prorrogasen un año después.
Ese director gerente no era otro que Sergio Blasco, quien dimitió el 27 de noviembre de 2014 tras conocer que era investigado por la Policía por supuestos negocios en Perú incompatibles con su cargo. Le sustituyó el hasta entonces subdirector gerente, José Manuel Iranzo, pero Blasco ya había dejado el negocio de Eresa bien atado hasta 2018.
Según ha podido saber Valencia Plaza, el hospital comunicó a los radiólogos antes del verano de 2015 que se iban a hacer cargo de informar de los TAC -los informes los hace personal de Eresa-, dado que se acababa el contrato, pero la compañía amenazó con demandar al centro y la dirección admitió la prórroga del contrato.
Desde 1989, la empresa que controla Vicente Saus nunca ha tenido que disputarse este lucrativo negocio en un concurso público. Ese año, el hospital perteneciente a la Diputación de Valencia -ahora lo gestiona un consorcio formado por la Diputación y la Conselleria de Sanidad-, firmó su primer contrato con Eresa. Un contrato por el que el hospital cedía un local a Eresa, que paga un alquiler. Allí colocó la empresa sus máquinas y empezó a prestar el servicio.
Presidía la Diputación Provincial el socialista Francisco Blasco, padre de Sergio Blasco -director del centro entre 1999 y 2014- y hermano de Rafael Blasco, actualmente en prisión por el caso Cooperación, quien fue conseller con distintas carteras, incluida la de Sanidad entre 2006 y 2007.
El contrato de 1989 se fue prorrogando y en 2001 se firmó el actual acuerdo, que consta de tres contratos -de resonancias magnéticas, de TAC y de acelerador lineal y cámara gamma-, con los mismos precios por prueba que los que paga la Conselleria de Sanidad para sus hospitales a la UTE Erescanner Salud, controlada por Eresa. El contrato de 2001 del General se firmó por cinco años que se prorrogan atomáticamente por períodos de tres años "si no se denuncia con un año de antelación", según el texto literal del contrato.
La firma, cuando era director Sergio Blasco, se produce poco antes de que la Conselleria de Sanidad entrase en la gestión del hospital al constituirse el 1 de enero de 2002 el actual Consorcio, del que Blasco fue designado director gerente. El sobrino de Rafael Blasco era entonces, y al menos hasta 2003, socio de Vicente Saus a través de la empresa Centro Computerizado de Levante, en la que tenía una pequeña participación y que años después fue absorbida por Iberdiagnosis, firma de la familia Saus que controla la mayoría accionarial de Eresa.
Un año antes, el Consell de Eduardo Zaplana había sacado a concurso el servicio de resonancias magnéticas en todos los hospitales de la Conselleria de Sanidad excepto el Doctor Peset. El concurso, que generó una gran polémica, lo ganaron Eresa en Valencia y Castellón y las empresas Inscanner y Beanaca en Alicante, con ofertas prácticamente idénticas, sin apenas rebaja sobre el precio de licitación. La Sindicatura de Comptes criticó que la oferta económica apenas se valoraba con un 10% del total, así como la "escasa" fianza exigida a las empresas, el 0,09% del presupuesto adjudicado.
El presupuesto sumaba 166 millones de euros en ocho años, pero el servicio acabó costando 275 millones. Aquella adjudicación llevaba la firma del entonces subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Máximo Caturla.