Pablo Cotino. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La pugna judicial entre el exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Pablo Cotino, y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) ha sufrido hasta tres aplazamientos, dos de ellos por cuestiones formales y, en última instancia, por el incendio que tuvo lugar en septiembre en la Ciudad de la Justicia.
Como viene informando este diario, Cotino ha llevado a la Generalitat a juicio por partida doble. El exdirigente presentó dos demandas contra el EIGE, una por rebajarle la categoría salarial cuando se reincorporó a la empresa pública -tras ser cesado en FGV- y otra por su posterior despido en el EIGE, que achaca a "motivos ideológicos".
Por lo que respecta a la primera, Pablo Cotino denuncia que no se le reincorporó al EIGE en el mismo puesto de trabajo que dejó -al incorporarse a FGV mediante una excedencia forzosa-. En consecuencia, según explica él mismo, no dispuso del mismo salario, por lo que exige que se le abonen las cantidades que no percibió.
El juzgado señaló este juicio para el mes de abril de 2017, pero se aplazó por un defecto de notificación. No obstante, cuando tal notificación se realizó correctamente, el juicio se aplazó por segunda vez, al entender la justicia que debía resolverse primero el caso del despido.
Por lo que respecta al juicio por el despido en el EIGE, se trata de "una demanda por vulneración de derechos fundamentales, por persecución ideológica y política". En esta ocasión el juicio estaba previsto para el pasado 18 de septiembre, pero el incendio registrado en la Ciudad de la Justicia provocó el tercer aplazamiento.
El cese de Cotino en FGV tuvo lugar tras su sonoro desencuentro con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador. La dirigente le acusó de hacerle esperar un cuarto de hora la primera vez que la consellera fue a visitar la empresa pública. El PP, por su parte, aseguró -tras ver el vídeo de seguridad de la empresa- que la espera de la consellera fue realmente de dos minutos.
Su salida fue fulminante, tanto que la conselleria ni siquiera esperó los 15 días preceptivos y tuvo que indemnizarle también por esta cuestión. Regresó al EIGE, donde había sido asesor jurídico desde 2005 hasta saltar a FGV, pero -tras no recibir apenas encargos en diez meses- también lo despidieron de la entidad.
