VALENCIA. El incumplimiento de plazos en la tramitación de un recurso contencioso-administrativo por parte de la Audiencia Nacional ha permitido a la comunidad portuaria de Valencia librarse de una multa de 42 millones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse el mercado. El mantenimiento de esas sanciones, que en algunos casos superaban los 13 millones, hubiera condenado a la desaparición a algunos de los multados.
Varias de las asociaciones afectadas y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) explicaron este lunes que la sentencia de la Audiencia no entra a valorar el fondo del asunto, pero anula el expediente al no cumplir la Audiencia los plazos para resolver el recurso.
La mayor de las multas le fue impuesta a la asociación ATEIA-OLT Valencia (13,14 millones de euros), seguida por AELTC (12,69 millones), Transconval (9,91 millones), Asociación Naviera Valenciana (3,30 millones), Transcont (3,04 millones), Noatum (561.390 euros), TCV (403.096 euros), MSC (252.318 euros), la Federación Valenciana de Empresas de Transportistas (200.000 euros) y la APV (100.000 euros).
El recurso presentado en su día por la comunidad portuaria y por la propia APV defendía una posición discrepante con Competencia, que consideró que las empresas y asociaciones expedientadas cometieron una infracción muy grave de las normas de competencia al haber distorsionado el normal funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios de transporte de contenedores de forma constante y reiterada.
En todo caso, la APV acogió la anulación del expediente como "una muy buena noticia para comunidad portuaria". "En caso contrario hubiese tenido consecuencias muy negativas para todos”, reconoció.
Por su parte, la patronal del transporte Fvet, sancionada con 200.000 euros manifestó su "satisfacción y tranquilidad" por no tener que afrontar un castigo "desproporcionado". "No es una cantidad baladí para una asociación como la nuestra. Se ha hecho justicia porque era un despropósito que se nos multara por asistir a una reunión convocada por la Conselleria en la que no se tomó ningún acuerdo", manifestó.
El expediente se abrió inicialmente contra varias asociaciones de transporte de contenedores por carretera, la Conselleria de Infraestructuras y Transportes -expedientada pero al margen de las multas- y la APV por prácticas prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Posteriormente se amplió a las empresas concesionarias de terminales TCV, Noatum Ports Valenciana SAU y MSC.
Según la CNMC, los expedientados llegaron a acuerdos para "homogeneizar los precios del transporte por carretera y otras prestaciones unidas al transporte e incluso de las indemnizaciones por paradas, así como la aplicación de forma coordinada de los incrementos del IPC o del gasóleo".
"Para conseguirlo han llevado a cabo repartos del mercado y restricciones de la oferta mediante la limitación de vehículos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el puerto", explicó Competencia en un comunicado.
A la APV le atribuía haber participado en la adopción de acuerdos y compromisos para la fijación de precios y condiciones comerciales, mientras que a las tres concesionarias de terminales imputadas se les reprochaba la concertación con las asociaciones de transportistas para fijar el precio y las condiciones de su derecho a la indemnización por parada.
