El alcalde, Joan Ribó (Compromís), y la vicealcaldesa, Sandra Gómez (PSPV). Foto: EFEVALÈNCIA. Se trata de un debate jurídico ya manido en el último medio año, pero ha vuelto a ser protagonista. El motivo: el pleno municipal de València dio luz verde este jueves a la propuesta de la concejalía de Hacienda, dirigida por el socialista Borja Sanjuán, para dedicar parte de los ahorros municipales de años anteriores a ayudas para la reactivación económica y transferencias corrientes para salvar las cuentas de organismos dependientes del Ayuntamiento, cuyo panorama financiero es realmente delicado por la pandemia de coronavirus. Una inyección de dinero que se ha aprobado con la disconformidad del interventor municipal.
La cuestión ya generó disensión el pasado otoño entre las dos formaciones que conforman el gobierno municipal, Compromís y PSPV, a la hora de decidir qué se hacía con los remanentes que había acumulado el Ayuntamiento tras años de limitaciones por la llamada Ley Montoro. Esta normativa sólo permite gastar los ahorros de años anteriores en pagar la deuda con los bancos, con los proveedores y las inversiones financieramente sostenibles. Pero con motivo de la pandemia, el Gobierno central suspendió las reglas fiscales y, con ello, desbloqueó el uso de este dinero, ampliando presuntamente el abanico de destino de este dinero, que tras pasar 2020, en València asciende a 57 millones de euros.
Ahora, los ahorros municipales vuelven a estar en el punto de mira al decidir el gobierno municipal que dirige Joan Ribó destinar 12,6 millones de euros de los remanentes, por una parte, a "la atención de gastos extraordinarios ocasionados por el impacto de la covid": ayudas de emergencia social, la prolongación de contratos laborales de planes de empleo, ayudas al comercio, a entidades deportivas y a entidades falleras. Y por otro lado, se accede a las peticiones financieras de algunos entes municipales, para "atender el impacto de la pandemia en sus cuentas anuales": el Palau de la Música, el Palacio de Congresos, la Fundación Visit Valencia y la empresa urbanística municipal Aumsa.
Pero esto, a juicio del interventor municipal, Ramón Brull, no se puede hacer, porque no se ha aprobado ninguna norma legal que deje en suspenso el articulado de la Ley Montoro y, por ende, que habilite expresamente a las entidades locales para gastar los ahorros en lo que deseen. Dicho de otro modo: las leyes de estabilidad presupuestaria siguen plenamente vigentes y los ahorros, por tanto, sólo pueden destinarse a liquidar deuda y a inversiones financieramente sostenibles.
Y todo ello, diga lo que diga el propio Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero. "Estas conclusiones -subraya Brull en uno de los informes- contrastan con la interpretación sostenida por el Ministerio de Hacienda", para el que la propia suspensión de reglas fiscales por la situación de emergencia es suficiente para desbloquear las huchas de los ayuntamientos. De hecho, el Ministerio había estado sosteniendo esta postura mediante diversas notas informativas a los consistorios que para el interventor municipal no tienen ninguna validez: "No tienen naturaleza de fuente de Derecho y tienen la consideración de dictámenes y opiniones que como tales pueden ser comentadas y contrastadas", sentencia.
El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán. Foto: KIKE TABERNER En la concejalía de Hacienda admitieron la discrepancia con el Interventor municipal, pero a la postre, el pleno municipal dio luz verde al acuerdo para modificar el presupuesto y dedicar parte de los remanentes a estos gastos corrientes, pese a la "disconformidad" manifestada por el Interventor ante el acuerdo. Se hizo con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PP y Vox.
El Partido Popular, de hecho, alertó sobre el reparo manifestado por el habilitado nacional. En un comunicado, el grupo municipal que dirige María José Català lamentó "que Compromís y PSPV no hagan las cosas bien y conforme a ley, para despejar cualquier duda sobre las ayudas y que no corran ningún tipo de peligro". Por ello, aseveró el grupo, sus ediles se vieron "abocados a votar en contra". Además, criticó una de las inyecciones aprobadas con la modificación presupuestaria, la que asciende a 10 millones de euros con destino a la EMT. Los populares calificaron la empresa de transportes de "un fondo sin pozo que no se traduce en ninguna mejora para los vecinos".
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, afirmó que “claro que queremos más dinero para gasto social y para reactivar la economía pero, con la disconformidad de la Intervención General, la modificación de crédito no se puede aprobar". Y pese al reparo del interventor, el concejal de Vox, Vicente Montañez, sí pidió ayudas a partir de los remanentes y dijo que si se hubieran usado los ahorros municipales en ayudas "probablemente tendríamos 12.000 negocios en estos momentos que no hubieran cerrado o no estarían abocados al cierre".
