El interventor halla 55.000 euros en taxis y gasolina para personal ajeno a la Junta Central Fallera

VALÈNCIA. La Intervención Municipal del Ayuntamiento de València ya ha emitido el informe de auditoría sobre el funcionamiento financiero de las empresas y organismos autónomos que dependen del consistorio. El documento hace referencia al último ejercicio cerrado, que es el de 2020, y contempla algunas entidades como la Junta Central Fallera, el Palau de la Música, el Palacio de Congresos o la Fundación Deportiva Municipal.

En el caso de la Junta Central Fallera de València, presidida por el concejal Carlos Galiana, el informe aflora una serie de facturas no justificadas por el concepto de carreras de taxi y gasolina que además no satisfacen las necesidades de los miembros del organismo sino que fueron emitidas por personas externas. Por ejemplo, la auditoría señala que se facturaron 8.300 euros en combustible para reponer el material consumido por vehículos particulares durante la realización de actividades de la Junta. 

En este sentido, el documento apunta que la reposición de estos gastos se hace a solicitud del interesado, sin que exista un mandato o encargo previo por parte de la entidad, y sin que posteriormente se efectúe ningún tipo de comprobación por su parte. Así, con todo, presenta una serie de reticencias sobre el control que se ejerce sobre estas facturas y la conveniencia o no de su emisión, al carecer de los mecanismos básicos de verificación. 

Y exactamente lo mismo sucede en el caso de las carreras de taxi, aunque en esta ocasión el montante alcanza un techo incluso más alto. En total, durante el 2020 se emitieron facturas por valor de 46.200 euros, y de nuevo "el devengo se ha producido mayoritariamente por personal ajeno a la entidad", tal y como especifica el informe. Y además, puntualiza que no existe ningún tipo de vigilancia sobre los tickets, en los que no figura la identidad del preceptor, la ruta empleada o el motivo del desplazamiento. 

Por su parte, otra de las cuestiones que señala la auditoría es la falta de justificación en una de las subvenciones que se otorgaron a lo largo del ejercicio. Concretamente, se trata de una ayuda nominativa a 22 comisiones para impulsar y promover las labores de carácter festivo en el ámbito fallero. En total, un presupuesto de 101.000 euros que, sin embargo, se desconoce si llegó a ser debidamente acreditado.

Y es que, tal y como señala la Intervención en su informe, "no hay evidencia documental de que el órgano haya comprobado la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad o cumplimiento de la finalidad que determina su concesión o disfrute, tal y como exige la Ley de Subvenciones". Así, con todo, la auditoría pone en duda que la Junta Central Fallera haya cumplido con las exigencias legales durante el proceso de concesión de estas ayudas, lo que estima una carencia dentro de su gestión financiera.

El Palau, escaso de protocolos de seguridad

Otra de las instituciones analizadas en el informe de la Intervención es el Palau de la Música, Congresos y Orquesta de València. Aunque, en esta ocasión, las carencias están más bien relacionadas con los sistemas de seguridad financiera por los que se rige el organismo. Y es que, tal y como apunta el documento, algunas de las dinámicas se han quedado obsoletas y suponen un verdadero riesgo para el control de los activos en el organismo que preside la edil Gloria Tello.

Por ejemplo relata que, durante los días de entre semana, el dinero en efectivo que se obtiene de la venta de entradas va directamente a una caja fuerte ubicada en las instalaciones. Sin embargo, durante los fines de semana se queda en las cajas registradoras que hay al lado de las taquillas. Esto supone, a su juicio, un error de seguridad. Y para demostrarlo se remite al ejemplo de un robo de 5.500 euros que se produjo durante ese mismo ejercicio. 

Por ello recomienda, en primer lugar, una mejora en el protocolo de control sobre el dinero en efectivo y, después, que este se ingrese diariamente en una cuenta corriente para evitar los riesgos asociados a su uso. Aunque, a pesar de todo, la utilización de dinero en efectivo para las gestiones cotidianas parece ser una constante en el día a día de la entidad: la auditoría también señala el pago de indemnizaciones por razón de servicio a los empleados mediante este método. Una costumbre que no comparte y que en todo caso recomienda que pase a realizarse a través de transferencia bancaria. Asimismo, y como conclusión, apunta a que el organismo debería establecer una cantidad máxima para el pago de gastos el efectivo. 

Por su parte, otra de las cuestiones que también señala la auditoría es la falta de realización de conciliaciones y controles mensuales en la cuenta de pagos a justificar. Esto supone que no todo el dinero disponible en las cuentas bancarias propiedad del Palau está registrado en la contabilidad, lo que provoca que sea más difícil detectar salidas de capital inadecuadas o directamente dar cuenta de posibles fraudes. De hecho, esta fue una de las principales causas para que se produjera el fraude de la EMT, en el que se perdieron 4 millones de euros y donde tampoco se habían realizado con suficiente diligencia las preceptivas conciliaciones, presumiblemente por falta de personal. 

Finalmente, la Intervención también ha detectado una ilegalidad en la gestión del Palau al haber anotado en la contabilidad un pago antes de haber autorizado el pago material. Concretamente, en este caso el montante asciende hasta los 102.000 euros. Aunque es cierto que no solo el Palau ha caído en esta irregularidad, puesto que el informe también señala una conducta exactamente igual en el Consell Agrari Municipal, que preside Alejandro Ramón, en este caso por 94.000 euros. 

Irregularidades en la Fundación deportiva

Finalmente, el informe de Intervención también señala que la Fundación Deportiva Municipal ha incurrido en una serie de irregularidades en cuanto a la contabilidad del ejercicio 2020. Concretamente, hace referencia a un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 405.000 euros, "que se corresponden con gastos indebidamente adquiridos ya que se han realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", reza la auditoría. 

En este sentido, el documento también expone que existen diversos gastos que no llevan asociados el expediente de contratación, lo que supone una vulneración de la Ley de contratación del sector público en la Fundación Deportiva presidida por la concejala Pilar Bernabé.