MADRID (EFE). ERC ha presentado una enmienda a la proposición de ley de Bildu que regula los anuncios de los pisos turísticos para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el fin de que los ayuntamientos puedan incumplir las reglas fiscales si la desviación es por inversión en vivienda pública.
En su enmienda, a la que ha tenido acceso EFE, ERC propone "eximir de medidas correctivas por el incumplimiento de las reglas fiscales a los ayuntamientos que justifiquen que la desviación se debe a la inversión en vivienda pública, con el objetivo de acercar el parque público de vivienda del Estado a niveles equiparables a la media de estados miembros de la Unión Europea".
La proposición de ley de Bildu, que el Congreso empezó a tramitar el pasado octubre, ha recibido un total de 70 enmiendas (28 de Junts, 14 del PSOE, 10 el PNV, 8 de CC, 6 del BNG, dos de ERC y dos de Podemos).
En su otra enmienda, ERC plantea una reforma del tipo mínimo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para las viviendas turísticas en zonas tensionadas, de forma que los ayuntamientos puedan exigir un recargo de hasta el 50 % si los propietarios son grandes tenedores y del 100 % cuando el titular del inmueble sea una persona física o jurídica con menos de cinco años de residencia en España.
Hasta un millón de euros de multa
La ley que impulsa Bildu tiene como objetivo prohibir a las grandes plataformas digitales anunciar y permitir la contratación de alojamientos turísticos ilegales.
Para ello establece que empresas como Airbnb, Booking, Expedia o Vrbo no podrán publicar ni intermediar en la contratación de viviendas de uso turístico que carezcan de licencia, número de registro o permiso de habitabilidad y salubridad.
El texto, que hace recaer sobre las plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales, contempla multas de hasta 500.000 euros por premitir la publicación de una vivienda turística sin licencia o número registro y de 500.001 a 1.000.000 de euros por permitir su contratación.
Junts suprime 25 artículos
Junts, que apoyó en octubre la toma en consideración de esta ley y manifestó su intención de mejorarla por motivos competenciales, ha presentado 27 enmiendas que suprimen 25 de sus 33 artículos y varias disposiciones alegando "invasión de competencias", "duplicidades normativas" y "burocracia innecesaria".
Las enmiendas del PNV, en cambio, se dirigen a clarificar y dar mayor coherencia a esos artículos, así como a introducir el principio de proporcionalidad en las sanciones y mecanismos de cooperación entre administraciones.
Así, propone que en el anuncio conste el número de inmuebles ofertados por el anfitrión en esa plataforma o medio, el precio total con el correspondiente desglose y la duración máxima de la estancia.
También pide que el texto distinga entre anfitriones y gestores o intermediarios (agencias) y que los primeros puedan ser sancionados si aportan datos falsos a los segundos.
Moratoria de licencias
En cuanto al grupo socialista, buena parte de sus catorce enmiendas se centran en adecuar el texto a la normativa estatal del Registro Único de Pisos Turísticos y suprimir las referencias a licencias o sistemas que corresponden regular a las comunidades autónomas.
Entretanto, las propuestas de Podemos pasan por limitar el máximo de viviendas turísticas en zonas tensionadas al 2 % del parque total que hay en ese ámbito territorial y establecer una moratoria de cinco años para otorgar nuevas licencias de alojamiento turístico en las ciudades de más de 200.000 habitantes.
Fuentes de Bildu han explicado a EFE que la mayoría de las enmiendas tienen la "voluntad de mejorar el texto", lo que, a su juicio, "permite llegar a acuerdos y transaccionales para integrar las propuestas de los grupos y aprobar la ley".
Una vez cerrado, la semana pasada, el plazo de presentación de enmiendas, se constituirá (todavía sin fecha) la ponencia encargada de negociarlas y emitir su informe, que deberá ser aprobado en la comisión de vivienda y después en el pleno.
