TRAS DECLARAR ANTE LA GUARDIA CIVIL

El juez imputa por blanqueo a todos los concejales del PP en Valencia menos al independiente Eusebio Monzó

1/02/2016 - 

VALENCIA. El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha citado a declarar como investigados (imputados) por blanqueo de capitales a todos los concejales, exconcejales y asesores del PP en Valencia que ya han prestado declaración ante la Guardia Civil por la operación Taula.

El concejal Eusebio Monzó, que fue como independiente en el número cuatro de la lista de Rita Barberá en las municipales de mayo , no está entre los citados por el juez y tampoco ha declarado en la Guardia Civil.

Según confirman a Valencia Plaza fuentes de la investigación, los investigados están recibiendo la citación judicial conforme declaran ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). El exportavoz del PP en Valencia, Alfonso Novo, abre la ronda de declaraciones ante el juez este miércoles.

La citación judicial se extiende a todos los concejales populares, algunos exediles y su personal de confianza, con la excepción de los cuatro asesores que se negaron a aportar mil euros al partido antes de las pasadas elecciones autonómicas y locales.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil comenzaron el pasado viernes a tomar declaración a medio centenar de ediles, exconcejales y asesores del PP por estar presuntamente implicados en una trama para blanquear dinero de la financiación ilegal del partido en Valencia. [FOTOGALERÍA]

Según los investigadores, los concejales y asesores imputados habrían participado en el blanqueo aportando mil euros como donación al partido que posteriormente se les devolvían en un sobre con dos billetes de 500 euros.

Novo deberá comparecer el próximo miércoles por un presunto delito de blanqueo de capitales por estar (junto a otra persona que también declarará como investigada) autorizado para disponer de la cuenta de la Agrupación local del Partido Popular.

La investigación se centra en Imelsa (empresa vinculada a la Diputación de Valencia), la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraesturas educativas) y la Fundación Jaume II El Just, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.

Entre los 24 detenidos, todos ellos en libertad con cargos, se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia. Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular). 

Para cinco de ellos, (Rus, Caturla, Llopis, Medina y García Fuster) el fiscal solicitó prisión, petición que fue denegada por el magistrado instructor por entender que no concurrían los dos motivos que había esgrimido el Ministerio Público: riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

A los cuatro primeros, no obstante, el juez les impuso, como medida cautelar, la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y fianzas de entre uno y dos millones de euros.

Todos los arrestados están ya en libertad provisional. Mantienen su condición de investigados en esta causa en la que se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

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