VALÈNCIA. (EFE). El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga la supuesta trama de corrupción en la empresa pública Imelsa se hará cargo de las investigaciones por el posible amaño de contratos para la extinción de incendios, conocido como caso Avialsa, tras inhibirse el juzgado de Instrucción de Sagunto que llevaba las diligencias.

En un auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el titular de Sagunto acuerda su inhibición de las presentes diligencias "a favor del juzgado de instrucción decano de València, al carecer el presente partido de competencia territorial" y estima que los hechos no han prescrito.

La petición de inhibición, a la que se adhirió el resto de los acusados, fue realizada por la defensa del exgerente de Imelsa Marcos Benavent al entender que se trataban de los mismos hechos y los mismos delitos, mientras que el Ministerio Fiscal consideró que el juzgado número 18 de Valencia no investiga "los mismos hechos, ni las mismas personas ni el mismo periodo de tiempo".

Según el auto, "nos hallamos ante una calificación jurídica que es compatible con la que se sigue en las presentes diligencias" y que "si bien es cierto que nos podemos hallar ante los mismos delitos, se desconoce si los hechos son los mismos, y si se trata de las mismas personas".

Por ello, el juez afirma que la inhibición no debe acordarse como reclama la defensa, "sino que a la vista de la doctrina jurisdiccional, en el caso de tratarse de los mismos hechos, la conexidad debe ir reflejada en concatenación con el reequisito relativo al espacio temporal".

Prosigue el auto que los contratos firmado por el investigado exconcejal de Quartell Emilo Máñez (PP), que afirmó que recibía un sueldo de Imelsa sin acudir a trabajar, se firmaron en la sede de la empresa, hoy denominada Dilvalterra, en València, por lo que su juzgado "carece de competencia territorial".

Además, señala que una vez acordada la inhibición "no puede entrar a resolver sobre las peticiones de sobreseimiento" de la Fiscalia y las defensas de Franciso Huguet, también investigado, y Máñez