El magistrado ha aceptado la petición del fiscal de trocear la causa en al menos cinco piezas pero lo irá haciendo conforme avance la instrucción
VALENCIA. La causa judicial derivada de la operación Taula ya cuenta con dos piezas separadas más la principal. Tal y como adelantó Valencia Plaza el magistrado ha aceptado la petición del fiscal de trocear la causa en al menos cinco piezas, pero dicho troceo se irá produciendo conforme avance la instrucción. Por el momento, el magistrado Víctor Gómez Saval ya ha firmado la segunda pieza separada, lo que deja por el momento la causa dividida en tres partes.
Dicha pieza es la que afecta a la contratación de asesores “zombies” a través de la empresa pública Imelsa. Según ha podido saber Valencia Plaza por fuentes de toda solvencia, las declaraciones de las personas relacionadas con esta parte de la causa ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya han terminado y ahora, varios de ellos, han comenzado a desfilar por sede judicial.
La UCO, el juez y el fiscal tratan de averiguar si entre los trabajadores y asesores de la empresa pública había personas vinculadas a los partidos políticos que, sin ir a trabajar, cobraban un sueldo público. Además, también se cree que muchos de ellos entraron enchufados sin pasar por ningún tipo de mesa de contratación.
Por la contratación de asesores permanecen todavía como investigados la diputada de Esquerra Unida, y denunciante de la trama de Imelsa, Rosa Pérez, así como otros consejeros y exconsejeros del ente público pertenecientes a distintos partidos. Entre ellos, el hasta hace poco jefe de Gabinete de la Diputación y vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, José Manuel Orengo, el exdiputado provincial del PSPV, Raúl Pardos, quien formó parte del consejo de administración de Imelsa, y el diputado de Compromís, Emili Altur, actualmente consejero en el ente.
Los asesores contratados por los políticos también declararon ante la UCO. A este respecto, EU explicó, en un comunicado, que "en la legislatura 2011-2015, la diputada provincial Rosa Pérez Garijo, en calidad de miembro del Consejo de Administración de Imelsa, contó con la ayuda de un único asesor", sin que existiera "ninguna otra contratación vinculada a esta consejera".
El grupo de Compromís en la Diputación de Valencia, por su parte, también negó tener asesores "zombies" contratados por Imelsa y aseveró que el colaborador dependiente de esta firma con el que contaba, Xavier Martínez, acudía diariamente a su puesto de trabajo.
La coalición detalló que este asesor, contratado para ayudar en su tarea al diputado y consejero de Imelsa Emili Altur, fue contratado durante "un año y medio" --después fue contratado por el partido – y en ese tiempo "iba a trabajar cada día". No obstante no lo hacía en las dependencias de Imelsa porque no había "espacio físicamente" sino en "el despacho de Altur en la Diputación".
Pero la investigación va más allá de Imelsa. De hecho, también se han inspeccionado varios contratos de la empresa pública de construcciones de colegios Ciegsa. Según las pesquisas realizadas por la UCO, el PP de Alfonso Rus habría utilizado supuestamente dicha empresa para colocar a personas cercanas al partido, exasesores y exediles de varios municipios.
Presuntamente estas personas habrían cobrado durante años de las arcas públicas, la mayoría de ellos sin pisar nunca las dependencias de Ciegsa. Este hecho ya se investigó hace años pero fue archivado por falta de pruebas. Ahora, con las declaraciones del ‘yonki’ del dinero Marcos Benavent, los agentes lo han tenido más sencillo.