VALÈNCIA (EP). El magistrado-juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ha destacado este viernes que para que la Ciudad de la Justicia de la capital valenciana cumpliera con las cargas de trabajo establecidas por el Ministerio de Justicia sería necesaria la creación de 26 nuevos juzgados, por lo que el total de órganos judiciales en estas instalaciones pasaría de los 110 actuales a 136.
Además, ha constatado un descenso en la cantidad de demandas por ejecuciones hipotecarias respecto a los años anteriores pero, por el contrario, ha indicado que se ha producido a su vez un incremento de las demandas por desahucios arrendaticios (por alquiler) de 1.721 en 2017 a 2.038 el pasado año.
Así lo ha anunciado Viguer este viernes durante la rueda de prensa de presentación de la memoria anual y el balance sobre la actividad de los juzgados de Valencia correspondiente a 2018.
El juez decano ha explicado que a finales del pasado año el Ministerio de Justicia, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), emitió una orden por la que se establecen las cargas de trabajo para los distintos tipos de juzgado y tiene en cuenta variables de complejidad de las causas como que los órganos judiciales se encuentren en zonas urbanas, industriales o turísticas. "Y estas concurren en València", ha subrayado Viguer.
En este sentido, ha lamentado que Valencia solo cuente con 110 juzgados porque estos módulos establecidos por el Ministerio "no se cumplen". Así, ha reivindicado que "no hay inversión más social que invertir en justicia" y ha denunciado que "no parece que el Estado tenga mucho interés en corregir esta situación", puesto que dedica a esta materia solo un 1,1% de los Presupuestos Generales del Estado.
De este modo, ha apuntado que si se aplican estos módulos establecidos por el Ministerio y el CGPJ "habría que crear 26 juzgados en la Ciudad de la Justicia de València, de 110 a 136". "Y eso que la Ciudad de la Justicia tiene una situación privilegiada respecto al resto de partidos judiciales de la Comunitat Valenciana", ha agregado.
Viguer ha desarrollado la cantidad de causas que acumulan los juzgados de Valencia. En concreto, cada uno de los dedicados a Primera Instancia deberían tener una carga de trabajo de 1.200 asuntos al año y sin embargo en Valencia cada uno de los 22 existentes para estos asuntos superan los 1.900.
En concreto, los dedicados a las demandas por cláusulas abusivas han sufrido un "auténtico aluvión", con 8.158 demandas en el último año. De este modo, el exceso de asuntos tramitados por estos juzgados es del 37%.
Desde que se creó el juzgado especializado en cláusulas abusivas en Valencia el 1 de julio de 2017, el magistrado decano ha señalado que ha recibido cerca de 17.000 asuntos y, actualmente, se han resuelto alrededor de 6.500 y ya están señaladas 6.300 vistas hasta junio de 2020, por lo que ha opinado que está funcionando "razonablemente", dado que "duplica la tasa de resolución nacional".
El juez decano también ha puesto de relieve el descenso en el número de demandas por ejecuciones hipotecarias de 1.753 en 2017 a únicamente 356, algo que ha atribuido a la recuperación económica y a que ahora los acreedores acuden a juicios ordinarios. Esto contrasta con la cantidad de demandas por desahucio arrendaticio (por alquiler) de 1.721 a 2.038 en 2018. El encarecimiento del mercado del alquiler y la corta duración de los contratos pueden estar en el origen de este aumento, ha sugerido Viguer.
También ha destacado el "fracaso rotundo" que a su parecer ha supuesto la Ley de Segunda Oportunidad, debido al número "muy reducido" de concursos de acreedores de personas físicas presentados en 2018, únicamente 88.
En lo referente a los juzgados de Familia, recibieron 1.662 asuntos en 2018 por lo que, según los módulos de Justicia, el exceso es de un 25%, por lo que falta un juzgado, según Viguer. Este exceso es de un 40% en los órganos dedicados a incapacidades, por lo que "prácticamente hay carga de trabajo para un nuevo juzgado".
El decano de los jueces de Valencia ha expuesto también que los juzgados de lo Mercantil son "los más sobrecargados", puesto que frente a los 435 asuntos que establece el Ministerio que debería tramitar cada juzgado, en 2018 fueron 1.072 por cada uno de los existentes en Valencia, lo que significa un exceso de un 146,6%. Por ello, se ha solicitado un nuevo juzgado.
La sobrecarga de trabajo es del 22% en los juzgados dedicados a lo Social, con 1.092 asuntos por juzgado ante los 900 que marca Justicia. En este caso, sería necesaria la creación de cuatro nuevos juzgados y ya está "avanzada" la tramitación de cuatro magistrados de refuerzo.
En los juzgados de lo Penal, los módulos establecen que la carga de trabajo debería ser de 500 procedimientos por juzgado y en Valencia se tramitaron el pasado año 565 por juzgado, un desfase de un 16,7%. Además, los juzgados de esta materia de Torrente y Paterna se van a trasladar a la ciudad de València "completamente sobrecargados", por lo que la media pasará hasta los 665 procedimientos. "Haría falta cuatro jueces más", ha subrayado Viguer.
En lo Contencioso-Administrativo, el exceso es de un 40% entre los 570 juzgados que marcan los módulos del Ministerio y los 808 actuales en Valencia, por lo que el magistrado considera que también se tendría que incrementar el número de jueces en cuatro.
Pedro Viguer ha afirmado que los juzgados de la Mujer, de Vigilancia Penitenciaria y de Instrucción presentan "normalidad" en cuanto a la carga de trabajo asumida en comparación con la establecida por Justicia, aunque ha indicado que estos últimos reclaman un cuerpo de peritos especializados en materia económica, igual que el magistrado también ha señalado como necesario un cuerpo de especialistas en delincuencia informática.
Por otra parte, el decano de los jueces ha celebrado la creación de una unidad de atención social en la Ciudad de la Justicia. "Se trata de una oficina atendida por dos trabajadores sociales, similar a las que existen en los grandes hospitales. En los juzgados vemos muchos problemas sociales que no podemos solucionar. Agradezco a la Conselleria de Justicia la receptividad y sensibilidad que ha mostrado en este asunto, que constituye una antigua y reiterada demanda de los jueces a la que ahora hay que dotar de contenido", ha afirmado.
Del mismo modo, ha elogiado los resultados logrados por la figura del coordinador parental, que intervino el pasado año en 40 separaciones o divorcios especialmente conflictivos, y las exploraciones realizadas a menores por el sistema de la llamada cámara Gesell (500 desde 2014, 170 solo en 2018), que permite grabar los testimonios de niños y niñas víctimas de delitos, en la mayoría de los casos de abusos o agresiones sexuales, en un ambiente adecuado a su edad para evitar que tengan que acudir a juicio.
