VALÈNCIA. (EP). El Juzgado de Instrucción número 4 de València, que investiga presuntas irregularidades en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Ivacor) con la rehabilitación de obras privadas y contrataciones de obra o servicio, ha declarado esta causa compleja.
En un auto, datado este miércoles y al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado dispone declarar la causa compleja, por lo que tendrá un plazo de duración de 18 meses, que podrá prorrogarse por igual plazo o uno inferior a instancias del fiscal y previa audiencia a las partes.
En su resolución, el juez considera que en este caso, "siendo previsible que la práctica de las diligencias pertinentes para la investigación no va a poder razonablemente practicarse en el plazo de seis meses desde la fecha de la incoación de las diligencias previas, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, procede declarar compleja la causa (...), por estar pendiente informe pericial, declaraciones de investigados y testigos y oficio al Instituto Valenciano de Cultura reclamando documental".
El instructor ya ha citado a declarar como investigada a la exdirectora del organismo cultural Carmen Pérez para el próximo 13 de abril, así como, el mismo día y condición, al auditor Luis Caruana y a la exjefa del Departamento de Obra gráfica y material de archivo de Ivacor y actual subdirectora, Gemma Contreras. También se ha llamado a cinco testigos.
En concreto, el órgano judicial indaga sobre la restauración por parte del Ivacor --empresa pública-- de 12 libros antiguos con un valor considerable sin presupuesto ni contraprestación económica; y la contratación desde la entidad de unas 50 trabajadoras autónomas sin proceso selectivo alguno.
La causa parte de la denuncia que interpuso la Confederación General del Trabajo (CGT) en Fiscalía por presuntas irregularidades entre los ejercicios 2011 y 2012 en el Ivacor, entidad de derecho público de la Generalitat que tuvo encomendadas hasta su extinción --en enero de 2013-- competencias directas de política cultural del Consell relativas a la gestión en materia de conservación y restauración de bienes culturales de naturaleza mueble.
El ministerio público, tras estudiarla, decidió remitirla al juzgado y pidió que se abriera una investigación judicial al ver posibles delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
En la denuncia de Fiscalía, también se requería al juzgado que citara a declarar en calidad de investigados tanto al auditor propietario de los 12 libros, Luis Caruana, como a Gemma Contreras --exjefa del Departamento de Obra gráfica y material de archivo de Ivacor y actual subdirectora-- y a la propia Carmen Pérez --ex directora-gerente de la entidad--.
CGT denunció en su momento que Luis Caruana habría solicitado la restauración de doce libros antiguos procedentes de su colección particular a Ivacor y que la misma se realizó con medios técnicos y recursos humanos de la administración pública --con trabajadoras de plantilla y autónomas contratadas ex profeso-- sin que mediase presupuesto ni contraprestación económica o convenio de colaboración o cualquier otro tipo de apoyo contractual que justificase la realización de los trabajos.
Las restauraciones --siempre según el mismo escrito del sindicato-- se hicieron "por orden directa" de Contreras y "con la aprobación" de Carmen Pérez. Duraron al menos 15 meses, desde diciembre de 2011 hasta siempre de 2012. Se entiende que el importe de los recursos humanos utilizados podría ascender a la cantidad de 100.000 euros, sin contar los costes de los talleres ni los materiales empleados.
Así mismo, desde CGT se denunció que los contratos laborales de obra o servicio para realizar estas restauraciones fueron formalizados por la entonces directora sin mediar procedimiento selectivo alguno.
A los pocos meses de culminarse la restauración, Luis Caruana fue el responsable de elaborar un informe pericial sobre la estructura de costes e ingresos y la viabilidad operativa de CulturArts, que engloba a cuatro entidades de derecho público y de que forma parte el Ivacor, según se refleja en el escrito de denuncia tanto de CGT como de Fiscalía.
