VALÈNCIA/MADRID (VP/EP) El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado, con el visto bueno de la Fiscalía, la libertad bajo el pago en metálico de una fianza de 400.000 euros del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, en prisión desde el pasado 21 de abril por su implicación en presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II informan fuentes jurídicas.
El magistrado le impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales en el juzgado de la Audiencia Nacional más próximo a su domicilio, según explica en su auto en el que detalla que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá y también el riesgo de fuga debido al avance de la instrucción.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión después de recibir este mismo martes el informe en el que el Ministerio Público modifica su criterio contrario a la excarcelación que había mantenido con ocasión de otras tres peticiones anteriores de la defensa del exmandatario madrileño.
En el auto, de 14 páginas, García Castellón precisa que sus acciones dentro del Canal de Isabel II son constitutivas de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales y recuerda que González está siendo investigado por cuatro hechos concretos: las compras de Inassa y Emissao en 2001 y 2013, respectivamente, las licitaciones públicas en Panamá y República Dominicana y por revelación de secretos.
En relación al primer punto, el juez instructor explica que tanto el cabecilla de la trama 'Lezo' como su socio en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino supieron que la operación de compra de la empresa colombiana se hizo con un grave perjuicio de fondos públicos, que podría alcanzar los 70 millones de euros. Le acusa de autorizar a un despacho de abogados un informe relativo a la operación y luego esconderlo permitiendo el pago de la operación con fondos públicos hasta el año 2012.
Respecto a la compra de la brasileña Emissao en 2013, García Castellón determina que aunque esta se efectuó cuando González ya no era presidente del Canal, el inicio de la operativa se llevó a cabo mucho antes y dice que existen indicios que demuestran que González y su hombre fuerte en Sudamérica se beneficiaron "ilícitamente" del patrimonio de la Comunidad de Madrid mediante el abuso de su posición.
"Resulta evidente que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado sino que, muy al contrario, estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada en la que cada partícipe realiza una aportación preestablecida para el buen fin del proyecto delictivo", reza el auto del juez en el que precisa que la actuación de la trama superó las fronteras nacionales situándose en Brasil, Panamá, República Dominicana y Colombia.
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Fiscal este martes que apunta que González podría tener un significativo patrimonio oculto en paraísos fiscales, el juez recuerda que los miembros de la trama también se repartieron los papeles para "facilitar el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, fondos de inversión o ampliaciones de capital, todos ellos con apariencia legal".
La Fiscalía ha señalado en su escrito de este martes que una vez analizados los hechos presuntamente delictivos siguen concurriendo no obstante "elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González" y que éste se enfrenta a imputaciones por hechos delictivos penados con más de 20 años de prisión. Ello hace que siga existiendo riesgo de fuga "sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional recuerda en este auto lo expuesto por el juez que comenzó instruyendo la causa, Eloy Velasco, quien dijo que González intercedió para que el gobierno regional aprobara en 2007 el proyecto de la construcción de dos campos de golf en Chamberí declarando las obras de interés general y dando luz verde al operativo del Canal de Isabel II en el momento en que era presidente del consejo de administración del mismo.
El proyecto siguió adelante gracias a la intermediación de la Comunidad de Madrid y se adjudicó al consorcio Green Canal Golf, a pesar de que la mejor oferta provenía de otro licitador que le aventajaba en 11 puntos. Dicho consorcio estaba integrado por varias empresas, entre ellas Tecnoconcret, participada por su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero y a través de la cual desviaron los fondos públicos del Canal.
Castellón concluye que el importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la Comunidad de Madrid invertidos en este proyecto de obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de 1,2 millones de euros.
Durante los seis meses que lleva en prisión la defensa del expresidente madrileño ha solicitado su puesta en libertad en otras tres ocasiones anteriores pero la Audiencia Nacional siempre lo ha rechazado por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y también por entender que ejerció un "papel decisivo" en la trama de corrupción.
El pasado 24 de octubre, el abogado de González, Esteban Mestre, volvió a recurrir la medida de prisión provisional para su cliente alegando que, transcurrido el medio año, ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. En ocasiones anteriores el letrado alegó como razones para salir el arraigo por la boda de una de sus hijas, su deterioro físico e incluso pidió la sustitución de la cárcel por su arresto domiciliario.
El recurso de González coincide con la finalización de las comparecencias de los más de 60 investigados en la trama que lideraba el exdirigente del PP madrileño, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción estudie toda la documentación de la que dispone por si viera necesario imputar a otros presuntos responsables.