Eloy Velasco pregunta a Les Corts si Soler tiene acta de diputado
VALENCIA. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha suspendido la declaración del parlamentario y concejal del PP en Gandia (Valencia) Víctor Soler y ha preguntado a las Corts Valencianes si tiene acta de diputado, lo que le convertiría en aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El magistrado ha citado a declarar en el marco del 'caso Púnica' a otras cuarenta personas que comparecerán como imputados y testigos a fin de corroborar las confesiones que realizó el constructor David Marjaliza, presunto cerebro de la red y socio y amigo de la infancia del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, informaron fuentes jurídicas.
La mitad de los citados, que comparecerán durante los últimos días del mes de septiembre y los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo harán con la condición de testigos mientras que el resto lo harán como imputados y, por tanto, podrán acudir al juzgado acompañados de un abogado de confianza.
Entre los imputados se encuentran el exalcalde de Gandia (Valencia) Arturo Torró (PP) y el concejal de la localidad Víctor Soler --ambos en la oposición municipal-- aunque en el caso de este último el magistrado ha suspendido la citación y ha preguntado a las Cortes Valencianas si tiene acta de diputado, lo que le convertiría en aforado ante el TSJCV.
Las nuevas citaciones, que también afectan a trabajadores y personas relacionadas con ayuntamientos de Madrid y la Comunitat Valenciana, se efectúan en el marco de una de las 12 piezas del procedimiento que continúa bajo secreto de sumario.
Además de la confesión de Marjaliza, que detalló ante el juez el cobro de mordidas por parte de cargos públicos a cambio de la adjudicación de contratos, el juez pretende con estos nuevos interrogatorios contrastar datos que aparecen en las comisiones rogatorias internacionales que ha cursado desde que comenzó la investigación y cerrar otros flecos de la instrucción.
Según las citadas fuentes, las declaraciones tendrán que suspenderse durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre a fin de realizar la mudanza que los seis Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional tendrá que realizar desde las instalaciones de la calle Prim hasta la nueva sede de Génova.
El juez Velasco troceó la causa el pasado 16 de septiembre en doce procedimientos separados, a fin de lograr "una tramitación más rápida y ordenada" y permitir "el enjuiciamiento sin dilaciones" de las piezas en las que se haya finalizado la instrucción.
El magistrado, que mantiene imputados en el 'caso Púnica' a un centenar de personas, entre ellas cuatro exconsejeros de la Comunidad de Madrid y una decena de alcaldes, justificó la desmembración del procedimiento argumentando que el sumario tiene más de 65 tomos y 50.000 folios, lo que resulta "inmanejable", y que muchas de las actividades investigadas no están "relacionadas entre sí"
La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en la adjudicación de contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños y valencianos.
Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, ademá de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.
En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al exjefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la exdirectora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.
El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.