MADRID (EP). El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido procedimiento como investigada contra CaixaBank por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra presuntas mafias chinas conocidas como 'Emperador', 'Chequia', 'Snake' y 'Pólvora'.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 considera que las oficinas investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones", aún cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban".
Tras conocerse la imputación a CaixaBank como persona jurídica, la entidad ha emitido un comunicado en el que niega "cualquier tipo de colaboración o participación" en el delito de blanqueo descrito y ha subrayado que tiene "una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo" y que "cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de prevención". El juez ha citado a la entidad el próximo 26 de abril a las 10.30 horas.
Según relata el magistrado en su auto, a raíz de la investigación a la entidad ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China) por conductas de blanqueo al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil y el SEPBLAC detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de CaixaBank entre 2011 y 2015 para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.
Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo procedentes de delitos contra la Hacienda Pública, y en menor medida contra la Propiedad Industrial y contrabando, "en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como CaixaBank e ICBC Sucursal España".
Según el juez Moreno, entre los años 2013 y 2015 distintos juzgados de localidades de Madrid y de la Audiencia Nacional que investigaban los casos 'Emperador' y 'Snake', entre otros, realizaron diversos requerimientos a las sucursales del banco para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados.
Las sucursales implicadas, remarca el magistrado, "hicieron caso omiso" al hecho de tratarse de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y "auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España".
Esos requerimientos judiciales, añade el juez de la Audiencia Nacional, "fueron desatendidos por CaixaBank, que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión" y "no implementó las medidas necesarias de prevención".
Es más, acusa a los empleados y directivos de las sucursales de "desatender sus obligaciones de control y permitir que se operara como un grupo organizado". "La desatención a los requerimientos judiciales fue uno de los fallos más graves en el sistema de control", afirma.
El informe del SEPLBAC destaca que entre 2013 y 2015 el número de clientes de CaixaBank que han sido objeto de requerimiento judicial por delito de blanqueo, y que han realizado transferencias por valor de 99,1 millones de euros a China y Hong Kong son 193 (76 personas físicas y 117 sociedades limitadas).
En el auto, el juez destaca que no se realizaron exámenes especiales tras recibir los requerimientos judiciales, ni tampoco comunicación al SEPBLAC, respecto de 165 de esos 193 clientes, que siguieron operando, transfiriendo un total de 31,7 millones de euros.
El auto del juez Moreno detalla las operaciones investigadas a las diez sucursales implicadas, situadas en distritos del Sur de Madrid, más cercanos al polígono Cobo Calleja de la localidad de Fuenlabrada. También analiza toda la información sobre los clientes investigados, de los que existían carencias de información y de control sobre su operativa.
El magistrado señala a los directores de las sucursales por haber permitido presuntamente el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes. Los directivos, según el auto, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.
A través de la banca 'online', los líderes de la organización criminal también operaban, sin necesidad de desplazar a testaferros instrumentales a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 las sociedades de la trama y 16 las personas físicas que utilizaron la banca electrónica de CaixaBank. En el caso de la operación 'Emperador', por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41,6 millones de euros.
Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí y realizadas por su administrador de perfil testaferro.
Respecto a las transferencias a China y Hong Kong, el juez considera que los directivos y empleados de las sucursales investigadas "eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas".
Para el juez Moreno, los hechos relatados describen graves fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales que se habían puesto de manifiesto desde 2013 y que eran conocidos por todo el personal directivo de la entidad CaixaBank, "y en especial por el que fue su responsable de cumplimiento normativo al tiempo de los hechos".
Es por ello que el magistrado considera procedente incluir a la entidad como persona jurídica, sin perjuicio de los indicios de responsabilidad descritos en las diez sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad "in elegendo, in vigilando o in instruendo" de los administradores respecto a los hechos cometidos por sus empleados.
Esa responsabilidad, apunta el juez, es transferida a la persona jurídica, en tanto que CaixaBank no implementó las medidas necesarias y adecuadas de prevención, pese a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales y cajeros automáticos y tener las herramientas necesarias para ello.
"Se permitió operar, obviando la diligencia debida, a nacionales de países asiáticos sospechosos de estar implicados en investigaciones por blanqueo y fraude. Igualmente, no procedió a la necesaria comunicación al órgano de prevención (SEPBLAC)", explica Moreno.
Un incumplimiento que fue "contumaz y no episódico" del que además la entidad obtuvo un "innegable provecho o beneficio directo" debido a las comisiones que recibió por las transferencias realizadas a China.
