El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha procesado a cinco de los investigados en el marco de la pieza E del caso Taula, relativa a las presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). Un auto que supone el paso previo a la apertura de juicio oral.
Concretamente, se trata del exgerente de Imelsa Marcos Benavent (que ya acumula cuatro procesamientos de diversas piezas de la macrocausa) y cuatro empresarios: Carlos Vicente Gil (adjudicatario de las obras de la Lonja y los puentes históricos, aunque vendió su empresa en 2005), Carlos Turró (responsable de Cleop, la adjudicataria de las torres de Quart), Enrique Aleixandre Chumillas y Rafael García Barat (ambos por los contratos de la Mostra).
Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de la ciudad como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, además de la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.
El magistrado expone en la resolución que los hechos podrían revestir indiciariamente caracteres de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. También aprecia un posible delito continuado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.
La resolución, que puede ser recurrida, establece por otro lado el sobreseimiento libre de las actuaciones contra una de las principales investigadas, la que fuera concejal de Cultura de Valencia María José Alcón, al estar fallecida, y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto de otros cinco investigados: Pedro Aracil, Vicente Burgos, Alejandro Serra, Belén García y Enrique Teruel.
El instructor da traslado a la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de València, para que en el plazo de veinte días soliciten el sobreseimiento de las diligencias o la apertura de juicio oral.
En 2017, el juez ya decidió archivar la parte de la investigación relativa al contrato de construcción y explotación de La Rambleta en 2017. Sobreseyó, de este modo, las actuaciones por cohecho contra el empresario Jose Adolfo Vedri, de Engloba, quien resultó imputado tras las conversaciones telefónicas intervenidas en las que se le podía escuchar junto a Marcos Benavent y María José Alcón hablar de las supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
