VALÈNCIA. El primer juicio del caso Taula tiene, por fin, fecha. Si nada lo impide, se celebrará en un total de 19 sesiones distribuidas entre mayo y junio de 2022, pasados más de seis años de su estallido en enero de 2016. Así lo ha comunicado la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, que ha convocado a todas las partes el próximo septiembre para determinar el contenido específico de dichas sesiones.
La primera pieza separada que se juzgará–la macrocausa cuenta con un total de once por el momento– sentará en el banquillo a excargos del PP, empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de València por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales. Aunque también al propio Partido Popular como responsable civil subsidiario junto a otras empresas. Una circunstancia que se produce por no haber podido imputarle como persona jurídica debido a que los hechos por los que se le podría atribuir responsabilidad penal tuvieron lugar en 2007 y 2008, y la reforma del Código Penal que permite señalar de este modo a las formaciones políticas fue de 2012.
Así, entre los acusados se encuentran el exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado "yonki del dinero" Marcos Benavent; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina; el exdirector financiero de Imelsa José Enrique Montblanch; los empresarios Rafael García Barat y Jaime José Úbeda Merino; el presunto testaferro de Benavent José Estarlich; y varias funcionarias del Ayuntamiento de la capital. Anticorrupción les pide entre 3 y 8 años de cárcel.
Como responsables civiles subsidiarios, aparte del PP, estarán las empresas Thematica Events, Liberty Iceberg, Scope Producciones, Vialbo 1972, Cyan Animatica y Berceo Mantenimientos.
En esta parte de la investigación de Taula se ha indagado en una operativa para el presunto desvío de fondos públicos a través de la firma Thematica Events, administrada por García Barat y tras la cual se encontraba Benavent. Desde su puesto como gerente de Imelsa, la habría utilizado para beneficio propio mediante el logro de adjudicaciones de forma fraudulenta.
De un lado, figuran varios amaños en adjudicaciones tanto del Ayuntamiento de València como de Imelsa (dependiente de la Diputación). De otro, el desvío de fondos de esta empresa pública a través de una sociedad instrumental. A lo cual se añade que, tal y como sostienen tanto el juzgado como la Fiscalía, Imelsa habría sufragado campañas electorales del PP en municipios en 2007 y en las generales de 2008 a través de Thematica, motivo por el que el partido se sienta en el banquillo.