El magistrado cree que la adjudicación del contrato se produjo "con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos"
VALÈNCIA. El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus se enfrenta a su segundo procesamiento en 24 horas tras cinco años de instrucción del conocido como caso Taula. El juez ha emitido este miércoles un auto de procedimiento abreviado de una nueva pieza de la macrocausa –la cuarta– contra él y siete personas más. Entre ellas, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, su exsuegro, Mariano López, y tres empresarios. Por contra, decide el sobreseimiento libre para el empresario Salvador Sansano por fallecimiento en 2019 y el exdiputado provincial del PP Rafael Pérez al no ver indicios de que fuera consciente del presunto pacto defraudatorio en el que habrían participado el resto de imputados.
El magistrado, que firma este auto después de que los dos anteriores fueran dictados por la juez sustituta de Instrucción 18, apunta a los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Esta investigación se centra en el supuesto amaño del contrato del servicio de atención telefónica ('call center') de la Diputación en mayo de 2013. La empresa pública Imelsa, dependiente de la corporación, lo adjudicó a Servimun, relacionada con el exsuegro de Benavent, Mariano López. Ésta percibió, de acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un total de 930.000 euros entre agosto de 2013 y enero de 2016 .
El juez señala como punto de partida de las indagaciones el resultado de la contratación de un servicio "de importancia e interés público y de un importe económico significativo". El cual revela, en su opinión, "una inadecuada y errónea adjudicación a una empresa como Servimun que no logró alcanzar niveles aceptables de satisfacción en la prestación de dicho servicio".
En su declaración ante la Guardia Civil en junio de 2015, según consta en el auto, Benavent aseguró que a través de Imelsa se adjudicó "a dedo" –posteriormente aclaró que de forma "amañada"– el 'call center' a Servimun y que fue su exsuegro quien actuó de intermediario con Rus, para lo que se valieron de un funcionario destinado en la empresa pública (Salvador Deusa), encargado de articular el procedimiento para posibilitar esa adjudicación.
Para el juez, existen varios aspectos relevantes en este asunto: la relación personal de vecindad y amistad entre el exsuegro de Benavent y el funcionario; el estrecho conocimiento entre el primero y Alfonso Rus; la jerarquía establecida en el ámbito de la Diputación de Rus sobre Salvador Deusa y el responsable del servicio de gestión tributaria de la corporación, Ricardo de Ángel; y, finalmente, la relación de conspicua colaboración negocial y crematística entre Mariano López y su socio Fernando Palomares.
Así, cree que pudo existir "un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano, con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos".
El magistrado remarca que el exsuegro de Benavent mintió al declarar en la primera ocasión al afirmar que ni conocía, ni intervino, ni cobró nada a resultas de la adjudicación del 'call center' a su socio "Lo cierto es, y es irrebatible, que cobró de Servimun con una prontitud y puntualidad que se acompasaba a los pagos mensuales que Imelsa hacía a dicha empresa, percibiendo aproximadamente entre 2013 y enero 2016 una suma que ronda los 150.000 euros y que constituye más del 15% del precio de la contrata", indica. Concretamente, lo hizo a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.
"Es evidente que si Fernando Palomares (administrador de Servimun), que también mintió al respecto, le pagó esa cantidad y durante todo el tiempo del contrato es porque algún favor le debía, y ese favor, descubierta la mentira y no acreditada otra legítima causa, no puede sino tener relación con el contrato de marras", concluye el magistrado. A lo que añade que, "muy probablemente", se deba también a que actuó "de conseguidor pidiendo el favor a Alfonso Rus o Salvador Deusa, lo que quizás nunca lleguemos a saber salvo que aproveche la oportunidad de confesarlo en juicio".
"Para dar opacidad a su participación crematística a los pocos meses de inicio del contrato crea una sociedad sin actividad que pone a nombre de su cuñada, abriendo varias cuentas en las que se recibían periódicamente los pagos que le hacía Palomares, disponiendo de esas cantidades para su lucro personal y el de su esposa y gratificando en menor cantidad la participación de su cuñada", sostiene el magistrado.
En este sentido, detalla que la adjudicataria optó al concurso anunciando una serie de mejoras cualitativas por las que recibió más puntos, aunque luego no llegó a materializarlas. Expone, por ejemplo, que el servicio desde el inicio y durante toda la duración del contrato fue realizado por no más de 8 agentes operadores; el horario se fue reduciendo progresivamente; la prestación durante las mañanas del sábado solo se llevó a cabo durante el primer mes; y nunca se implantó un soporte técnico permanente de ingeniero de telecomunicaciones, sino que todo el soporte técnico corrió a cargo de personal de Imelsa, entre otros incumplimientos.
Un informe del Servicio Jurídico de Divalterra reflejó que de las 990.000 intervenciones telefónicas ofertadas por Servimun para prestar el servicio de 'call center' se recibieron únicamente 264.847 llamadas, de las que solo 169.175 se atendieron.