Investigan una empresa vinculada al suegro del 'yonki del dinero' por el presunto pago de mordidas

VALÈNCIA. Una de las piezas 'olvidadas' del caso Imelsa, la que investiga un supuesto contrato amañado a favor del suegro del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, podría dar un giro de 180 grados si la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene razón en las últimas pesquisas realizadas. En una diligencia aportada a la causa el pasado 27 de septiembre, la UCO solicitaba que se investigara la empresa Técnicas Legales Administrativas SLU, empresa cuya dueña es cuñada del exsuegro de Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero'.

Fuentes conocedoras de la investigación explican a Valencia Plaza que los agentes buscan presuntas mordidas de dinero público de la empresa Imelsa a favor de la entonces familia política de Benavent. Dichas mordidas serían 145.000 euros que se pagaron desde la empresa adjudicataria Servimun a Técnicas Legales Administrativas que no estarían justificadas con la prestación de ningún servicio de una empresa a la otra.

Sobre este hecho, las mismas fuentes dicen que "lo que no cuadra es cómo la UCO ha llegado a dicha conclusión, ya que esta empresa se mencionó de soslayo en una declaración, pero nada más. Parece una investigación prospectiva derivada de la declaración de un tercero que no está aportada a la causa".

El magistrado, ha solicitado a la Tesorería de la Seguridad Social que le facilite el listado de las personas que trabajaron para Técnicas Legales Administrativas con el fin de cruzar los datos con las pesquisas realizadas hasta la fecha. Este es un nuevo intento de terminar de instruir una pieza que, tal y como publicó Valencia Plaza, supuso un revés para los investigadores ya que la prueba pericial solicitada por el propio juzgado decía que la oferta de Servimun era la mejor entre las que concursaron.

El contrato

El contrato con Servimun, una empresa de Call Center que ganó un concurso de dos millones de euros, se investiga desde que Marcos Benavent declaró que se dio a dedo por su relación con el dueño, que entonces era su suegro, y la amistad de éste con el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus y otro alto cargo de Imelsa. De hecho, el suegro de Benavent fue uno de los detenidos durante la operación Taula.

Sobre el citado contrato concedido a Servimun, Marcos Benavent aseguró en su última declaración que la persona que presionó para que fuera esa empresa la adjudicataria fue el exjefe de sección de evaluación y planificación de Diputación de Valencia adscrito a Imelsa, Salvador Deusa, que según Benavent era íntimo amigo de su exsuegro y por eso presionó a su favor y que "algunos funcionarios se llevaban las manos a la cabeza y que la mesa de contratación conocía perfectamente las deficiencias existentes".

Los indicios

En el caso del magistrado, en su último auto a este respecto explicaba que "aparecen indicios de que la adjudicación del servicio call center a Servimun, con cargo al presupuesto de Imelsa, pudo ser decidido por voluntad de Alfonso Rus con la intención de favorecer los intereses particulares de dicha empresa y de su legal representante, contando para ello Alfonso Rus con la colaboración de Salvador Deusa".

Para conseguirlo, decía el auto que "se manipuló de manera interesada el proceso de adjudicación, y con vulneración del principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública, la concesión de la contrata a la empresa antes citada, debiendo ser consecuentemente objeto de dicha investigación, el eventual incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria Servimun de prestaciones contractuales que venían establecidas y a las que estaba obligada."

Y apostillaba: "Si dicho incumplimiento generó un daño o perjuicio patrimonial que la presunta adjudicación ilícita y ejecución defectuosa pudieran haber causado en el erario público, así como posibles conductas de fraude contractual, falsedad, malversación y cohecho que pudieran derivarse de los contratos accesorios que por parte de Imelsa se celebraron con las empresas Valtiva, Auriba e Indepro, así como la facturación a Imelsa por parte de la empresa Asistencia Catastral y Tributaria S.L.U. en el año 2014, de la que era, también, legal representante otro de los imputados, por importe semejante a la suma de 60.000 euros que por parte de Imelsa se retiraron o descontaron a Servimun como penalización en la ejecución de la contrata del Call Center".