VALÈNCIA. El caso Taula cuenta con una nueva pieza encaminada al juicio oral que ha permanecido varios años en el limbo. Se trata de la E, centrada en las presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007.
Son los relativos a la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de la ciudad como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, además de la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.
En octubre de 2021, el titular del juzgado de Instrucción número 18 dictó el auto de procedimiento abreviado –el equivalente al procesamiento que supone el paso previo a la apertura de juicio oral–. Entre los acusados figuraban el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y cuatro empresarios: Carlos Vicente Gil (adjudicatario de las obras de la Lonja y los puentes históricos, aunque vendió su empresa en 2005), Carlos Turró (responsable de Cleop, la adjudicataria de las torres de Quart), Enrique Aleixandre Chumillas y Rafael García Barat (ambos por los contratos de la Mostra).
El magistrado expuso que los hechos podían revestir indiciariamente caracteres de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. También apreciaba un posible delito continuado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.
La resolución establecía asimismo el sobreseimiento libre de las actuaciones contra una de las principales investigadas, la que fuera concejal de Cultura de Valencia María José Alcón, al estar fallecida, y el archivo provisional y parcial de la causa respecto de otros cinco investigados: Vicente Burgos, Pedro Aracil, Alejandro Serra, Belén García y Enrique Teruel.
La decisión, sin embargo, fue recurrida por la Fiscalía, que pedía que el procedimiento siguiera adelante para Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II El Just. El motivo era un contrato zombi que se realizó a Marcos Benavent en la citada fundación del que presuntamente cobró sin acudir a trabajar allí.
La Audiencia de Valencia admitió el recurso de Anticorrupción y ordenó incluir en esta pieza de Taula las cantidades recibidas por el exgerente de Imelsa. Después de varios meses, el juez lo ha incorporado. En el auto, señala que el 14 de octubre de 2003, siendo gerente de la Fundación Jaume II el Just, Vicente Burgos –quien ostentaba la jefatura de los servicios profesionales y técnicos del personal– fue contratado el también investigado Marcos Benavent como director de actos institucionales.
Durante el periodo de vigencia contractual hasta el 30 de julio de 2007 –cuando solicitó la excedencia laboral forzosa al ser contratado como gerente de Imelsa– percibió un salario bruto de 164.676,08 euros. Sin que de lo actuado se desprenda, añade el magistrado, que dicha contratación obedeciera a la prestación de servicios laborales de ningún tipo para la fundación, ni desarrollara actividad específica alguna relacionada con el objeto fundacional, ni tampoco ostentara un puesto de trabajo físico en la misma.
El contrato fue suscrito por el actual vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en aquel momento conseller de Cultura y el cual presidía el patronato de la Fundación Jaume II El Just. Pero contra él no se pudo seguir la causa al estar prescritos los hechos.
Una vez dictado el auto de procedimiento abreviado con la incorporación de lo relativo a Vicente Burgos y el contrato de Benavent, quedará pendiente la apertura de juicio oral para los investigados que figuran en esta pieza.