Jorge Rodríguez, en la Diputación de Valencia. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El juez encargado del caso Alquería, que investiga los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la contratación de altos cargos en la empresa pública Divalterra -antigua Imelsa-, ha rechazado las peticiones de archivo de un total de 12 investigados. Concretamente, de Jorge Rodríguez, Salvador Femenía, Miguel Ángel Ferri, Ricard Gallego, Agustina Brines, Vicente Lucas Ferrando, Víctor Jiménez, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, José Luis Melero, José Ramón Tíller y Pau Pérez.
El magistrado razona que la declaración de sobreseimiento, sea libre o provisional, supone la solicitud de desvinculación de los hechos que presentan indicios de delito "desde su posible perspectiva de autores o cooperadores necesarios para su presunta comisión consumada o en grado de tentativa", afirma en el auto.
La investigación, reconoce el juez, se encuentra bastante avanzada, pero no ha finalizado. "El tiempo transcurrido desde los inicios del procedimiento, hacia mediados de 2018, y de los primeros hechos denunciados, que tendrían lugar presuntamente a finales de 2015, ha generado multitud de diligencias que han dejado muchos datos que es necesario valorar debidamente", indica. Así, ha indagado "desde un punto de vista global de la empresa y particular de cada una de las personas vinculadas como contratantes, contratados, conocedores o con intervención directa e indirecta en la contratación de altos cargos y el destino de los caudales públicos".
El análisis de la legalidad de todo ello, precisa, a su juicio, del estudio de la integridad de la causa. Contemplando ésta "como un todo" y pese a que se encuentre avanzada -a la espera de resultado de nuevas diligencias acordadas "que permitan la visión completa de la intervención"-, considera necesaria la permanencia de las personas investigadas. "Precisamente al no tener una clara valoración en este momento, que requerirá un estudio completo y preciso con las consecuencias legales necesarias y siempre a nivel de indicios y no de hechos probados, no es el momento" de archivar a los imputados que lo han solicitado, explica el magistrado.
Lo oportuno, apunta, es "esperar a la siguiente fase", la del auto de procesamiento -previa a la apertura de juicio oral- para decidir acerca del sobreseimiento o no a estas personas.
Por otro lado, el juez también deniega, una vez más, que declare el jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, como imputado. La acusación popular que ejerce la asociación Acción Cívica contra la Corrupción así lo había pedido al entender que su papel en la empresa pública es "trascendental" para la contratación de altos cargos. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el magistrado se oponen.
Argumentan que, si bien tuvo conocimiento de los contratos, "no participó activamente en la contratación ni en el nombramiento de los altos cargos". No intervino, señalan, por no tener carácter de consejero ni de gerente de Divalterra. "Más bien", remarcan", sus intervenciones profesionales "fueron poniendo de manifiesto las condiciones que pudieran faltar en tales nombramientos y que se recogen en informes en los que intervino en su calidad de director de Servicios Jurídicos y de Transparencia".
Habiendo declarado "ampliamente" como testigo y al no encontrar en su gestión actuaciones encaminadas a "socavar o sortear la normativa", consideran que no se le ha de citar como imputado.
Insisten juez y fiscal, de este modo, en que, lejos de que existan indicios de que pudo ser autor, coautor, cooperador, colaborador o instigador de los hechos presuntamente delictivos, "es a través de sus informes y recomendaciones como se ponen de manifiesto los requisitos y condiciones legales" para realizar de forma válida los contratos de alta dirección o reconducirlos hacia esa validez.
