Francis Puig, en una imagen de archivo. VALÈNCIA. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, encargado de la investigación sobre el entramado de subvenciones concedidas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover, ha ampliado requerimientos de documentación. Lo ha hecho, precisamente, a las empresas del primero: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions.
En una reciente providencia y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha hecho extensiva la solicitud de documentos que ya realizó a las mercantiles de los Adell Bover. Ahora, a las de Francis Puig. Una decisión que viene motivada por la predisposición comunicada por la defensa de este último a facilitar toda la información relacionada con la instrucción de esta causa.
El objetivo es comprobar los gastos efectuados por estas empresas y si se corresponden a las subvenciones otorgadas o, si por el contrario, fueron simulados para obtenerlas.
La petición tiene lugar después de varios errores por parte del juzgado a la hora de autorizar mandamientos judiciales, algunos de los cuales fueron dejados sin efecto.
Un ejemplo fue la consulta de los movimientos bancarios de las cuentas de las que eran titulares las empresas investigadas, algo para lo que la Guardia Civil había de acudir a la base de datos de la Agencia Tributaria. Sin embargo, pidieron acceder al Fichero de Titularidades Financieras del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales) para comprobar la apertura, cancelación o modificación de las cuentas corrientes y de ahorro de las mercantiles.
La Fiscalía se pronunció favorablemente a ello, pero pidió que en lugar de al Sepblac acudieran a la Agencia Tributaria, puesto que por ahora los hechos que se investigan son constitutivos indiciariamente de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental, no de blanqueo de capitales.
Sin embargo, la Guardia Civil accedió al Sepblac sin autorización y sin que la Anticorrupción conozca, tal como expresa en un escrito, la razón. Motivo por el que pide que se revoque uno de los autos judiciales y se requiera la documentación directamente a las empresas, como así ha determinado el juez.
