Foto: EFEVALÈNCIA. Era lo esperado. Finalmente, se sentará en el banquillo. El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral por el accidente de Viveros que acabó en 2017 con el fallecimiento de un operario en el montaje de unas gradas para un espectáculo. El juzgado ha confirmado la acusación de homicidio imprudente y de delito contra la seguridad de los trabajadores contra el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de València, Pere Fuset, así como a otros cinco imputados en la causa.
Así lo ha adelantado Levante-EMV y consta en el auto judicial al que ha tenido acceso este diario, en el que el juez instructor impone, también, a los acusados una fianza conjunta de 450.000 euros con la finalidad de asegurar el pago de las indemnizaciones finales si, a la postre, hubiera una sentencia condenatoria en este sentido. Además, el escrito declara la responsabilidad civil de diferentes compañías de seguros y del Ayuntamiento de València, que además tiene una responsabilidad civil subsidiaria según el auto judicial.
Las Fiscalía no había presentado acusación contra el edil de Cultura Festiva, a diferencia de la acusación particular, representada por la familia del empleado fallecido, quien han solicitado una pena de cinco años de cárcel: tres por homicidio imprudente y dos por un delito contra los trabajadores.
El magistrado ratifica así lo que ya había sostenido en autos anteriores: que la aceptación de la instalación de las gradas, realizada por una tercera empresa que no había participado en el concurso, fue una decisión de Fuset impuesta a la Cadena Cope -adjudicataria de los conciertos de Viveros-. Y se hizo, según se apuntó en su momento, "al margen de cualquier procedimiento administrativo, lo que desencadena la instalación de las gradas sin la necesaria seguridad", con lo que se desestimaba el argumento del edil, quien incidía en que se seguía siempre el criterio de los técnicos.
En el auto de apertura de juicio oral, el juez instructor, además, ordena que se inicien los trámites para investigar al concejal por un presunto delito de prevaricación. El Ayuntamiento de València acordó con los promotores la cesión del parque público y la instalación de foodtrucks a cambio de que los segundos asumieran el coste de la instalación de las gradas. Sobre ello la Audiencia Provincial de Valencia había señalado, como el instructor, que se habría producido un presunto "trueque o compensación ilegítima" consistente que la autorización concedida por Fuset.
