VALÈNCIA (EFE). Siete jornadas de juicio a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana han servido para aflorar testimonios y confesiones inesperadas sobre la financiación con dinero negro del PP en esa comunidad autónoma y para señalar a quien fuera su máximo responsable y presidente regional, Francisco Camps.
Primero fueron los nueve empresarios acusados en el juicio los que reconocieron haber pagado algo más de 1,2 millones de euros para financiar ilegalmente al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.
Después le llegó el turno al considerado líder de la Gürtel, Francisco Correa que, tras anunciar que colaboraría con la Justicia y pactar con la Fiscalía una sustanciosa rebaja de la pena que solicitaba para él, se decidió a abrir la caja de Pandora.
Relató el presunto funcionamiento de esa financiación ilícita y apuntó a Ricardo Costa como el responsable del PP valenciano que les obligó a facturar trabajos a empresarios si querían saldar la deuda contraída con el partido por la organización de actos electorales.
Su testimonio animó a confesar a sus compañeros de banquillo y también cabecillas de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y causó tal revuelo entre los acusados que ambos solicitaron al juez un aplazamiento de 48 horas para replantearse su línea de defensa.
Intentaron sin éxito aparente pactar con la Fiscalía y, después de esos dos días, Crespo siguió los pasos de Correa y corroboró su versión: "Me dijo que la deuda que tenía con nosotros se la íbamos a girar a otros empresarios", dijo en relación a Costa.
Pero no fue hasta que llegó El Bigotes cuando el nombre de Francisco Camps comenzó a resonar con más fuerza en la Audiencia Nacional. "Esa persona era Francisco Camps", dijo el responsable de la Gürtel en Valencia en relación a quien le ordenó a Costa dar la instrucción de facturar actos a empresarios que tenían adjudicaciones con la Administración valenciana.
Y no solo eso, sino que, casi al final de la declaración y a preguntas de su abogado, El Bigotes sentenció que fue Camps quien "creó" el sistema de financiación irregular del PP valenciano y que era el expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino quien se encargaba de llamar a los empresarios que pagarían los actos que la Gürtel le montaba al partido.
También afloró el nombre del exvicepresidente valenciano Víctor Campos que, según Costa, le llamó un día a su despacho y le mostró unos sobres con dinero en efectivo "entregado por empresarios que tienen relaciones con la administración o con el partido" por "encargo" de Camps y Cotino.
Y fue más allá Costa: llegó a asegurar que Camps -de quien dijo irónicamente que era una persona "especial"- encargó complementos (fuegos artificiales y una banda de música) en actos de campaña a los que acudió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por valor de 120.000 euros, que también corrieron a costa de empresarios.
Sin embargo, Costa trató de desvincular a la dirección nacional de toda responsabilidad en el caso. "No está permitido (...) Sería un Filesa II", le dijo el extesorero Luis Bárcenas cuando Costa le contó la práctica de pagos irregulares -según él- orquestada por Camps.
Con esta declaración, el que fuera secretario general de la formación se convirtió en el primer político acusado en Gürtel que ha reconocido la financiación ilegal del PP.
No obstante, el siguiente en declarar, el exvicepresidente Vicente Rambla, rompió la línea de confesión de los acusados que le precedieron y negó participación alguna en este sistema de financiación.
No apuntó a Camps sino a Costa, de quien dijo que era "el embudo" por el que pasaba toda la información relativa a las campañas electorales. Él, junto con el expresidente valenciano, "eran las personas más influyentes" en el partido.
Similar camino tomó la exgerente de la formación Cristina Ibáñez, que negó la existencia de ningún tipo de financiación irregular -o al menos, dijo, ella lo desconocía- protagonizando importantes contradicciones entre los políticos acusados en este juicio.
Todavía queda esperar qué dirá el único político que no ha declarado aún, el exvicesecretario del partido David Serra.
En cualquier caso, lo cierto es que las declaraciones de Costa generaron un notable revuelo político, con peticiones de explicaciones por parte de todos los grupos políticos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró que "no sabía nada" de la presunta financiación ilegal.
En la Comunidad Valenciana, el pleno de Les Corts pidió a Camps que renunciase a su puesto en el Consell Jurídic Consultiu (CJC). El PP fue el único que se abstuvo en la votación.
Y también hubo consecuencias en el panorama judicial. Un día después de su confesión, la Fiscalía anunció que al término del juicio valoraría si investiga a Camps, quien, por el momento, tendrá que comparecer en calidad de testigo en las próximas semanas.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell