VALÈNCIA. Un año y tres meses de espera en los juzgados para volver a la casilla de salida. Ese es el peregrinaje que está viviendo el recurso de la Unió de Periodistes al baremo diseñado por el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) para las bolsas provisionales de À Punt.
La titular del juzgado de lo Social número 5 de Valencia se declaró este miércoles incompetente en la causa después de aplazar el juicio el pasado 6 de febrero tras la petición de varios sindicatos –CCOO, UGT e Intersindical– de que fuera la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) los órganos que abordaran el caso.
Una decisión ante la cual la Comisión Ejecutiva de la Unió y la Asociación de Prensa de Alicante han decidido continuar con el proceso, por lo que presentarán una nueva demanda en los próximos días ante la Audiencia Nacional. La resolución de la juez supone empezar de cero de nuevo con toda la instrucción.
No en vano, en noviembre de 2017 la Unió de Periodistes aprobó en una asamblea presentar un recurso contencioso administrativo en los tribunales al considerar que el baremo esbozado vulneraba "el principio de igualdad" y cerraba "la puerta en la práctica al conjunto de periodistas que no hubieran sido antiguos trabajadores de RTVV". En este recurso, además, se solicitaba la suspensión cautelar sobre el proceso de selección de personal de À Punt tras una votación de los socios divididos: 73 de los votos que se emitieron eran favorables, mientras 44 eran negativos.
La determinación podría haber supuesto que no solo se dictaminara la paralización de la bolsa, sino que también podría haber ocasionado el retraso de la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión valenciana. Sin embargo, apenas cuatro meses después de interponer el recurso, el juez "planteó un conflicto de jurisdicción" remitiendo la causa al juzgado de lo Social, por lo que volvía a comenzar su paseo por los tribunales.
A diferencia de la primera vez, la Unió decidió no pedir en esa ocasión la suspensión cautelar de la bolsa. La presidenta de la asociación, Noa de la Torre, justificó que el escenario en ese momento era otro porque muchas de las bolsas estaban cerradas y había gente contratada ya en la CVMC. "Ahora como ejecutiva no queremos poner en peligro el trabajo de las personas contratadas", explicó.
Con la decisión de la juez de este miércoles de declararse incompetente, el recurso volverá a tener que presentarse ante otro tribunal: la Audiencia Nacional. El tiempo dirá si a la tercera algún juez decide estudiar la causa.
Tras la negociación con los sindicatos, el Consejo Rector reestructuró la nota máxima que podían obtener los ex de Canal 9 y Radio 9 por haber superado una prueba selectiva y por antigüedad. Si en un principio estaba estipulado que obtuvieran 7 y 3 puntos respectivamente, finalmente se fijó que pudieran llegar a sumar 7,5 por haber superado un proceso selectivo y hasta 2,5 por antigüedad.
La puntuación que se podía alcanzar por la experiencia, no obstante, permaneció intacta después de la reunión de los sindicatos con la Corporació. De esta manera, aquellos que trabajaron en la antigua televisión sumarían por cada mes trabajado 0,07 puntos. Otras personas que se presentaran a esta bolsa de trabajo para ocupar el mismo puesto y que hubieran trabajado en la administración o en una empresa pública contabilizarían su experiencia con 0,05 puntos por mes. Y el trabajo en la empresa privada se baremaría con 0,04 puntos por mes. Esto significaba, por año trabajado, 0,84 puntos para los extrabajadores, 0,6 para los empleados públicos y 0,48 para los de la privada.
La suma de estos tres aspectos podía hacer sumar un total de hasta 18 puntos -sobre 50- de ventaja a un extrabajador de RTVV sobre otra persona que no hubiera formado parte de la antigua plantilla.
Por otra parte, el Consejo Rector de la CVMC aprobó este jueves el proyecto de reglamento del Consejo de Informativos que, en los próximos días, deberá remitirse al Consell Jurídic Consultiu para que emita su informe.
Este documento servirá como herramienta para "garantizar la independencia, objetividad y veracidad del proceso de elaboración de contenidos informativos". El Consejo estará compuesto por cinco trabajadores adscritos a la redacción de informativos elegidos por todo el departamento de informativos y serán nombrados por un periodo de dos años.
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