El juzgado rechaza el recurso del PP y mantiene el archivo por el contrato de Sanidad con Crespo Gomar

VALÈNCIA. (EP). El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha dictado un auto en el que rechaza el recurso presentado por el PP contra la resolución en la que acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones realizadas en relación con la adjudicación de un contrato por parte del Ministerio de Sanidad a la empresa Crespo Gomar --investigada por financiar presuntamente de forma irregular al PSPV--, al considerar que no se aprecia infracción legal en la resolución impugnada. En esta causa se investigaba a Etelvina Andreu y Consuelo Sánchez Naranjo, ambas exaltos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

Así consta en un auto de fecha 15 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juzgado instructor tampoco considera necesario practicar las diligencias solicitadas por el PP, como reclamar oficios al Ministerio de Sanidad, investigar a dos personas más y ratificar un informe pericial, ya que no las ve necesarias para examinar el proceso de contratación analizado, en el que no aprecia irregularidades.

La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación. De esta forma, confirma la decisión de julio, en la que sobreseyó provisionalmente la causa abierta por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la adjudicación de un contrato por parte del Ministerio de Sanidad a Crespo Gomar.

El juzgado entendió entonces que no existían indicios de la comisión de esos delitos para continuar con el procedimiento, una vez examinada toda la prueba documental y tras tomarse declaración como investigados a todos los partícipes en la adjudicación del contrato. Tanto los investigados como el ministerio fiscal y el abogado del Estado tampoco apreciaron la existencia de indicios para seguir con el procedimiento adelante.

En ese auto de julio, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid concluyó que se siguió un proceso de contratación que acabó con la adjudicación a Crespo Gomar, que firmó el contrato de servicios el 24 de noviembre de 2008 y realizó la campaña contratada por el Ministerio, según se certificó el 26 de diciembre de ese año, sin que ni en el desarrollo del expediente ni en su conclusión se apreciaran irregularidades.

Esta causa fue abierta en el juzgado madrileño una vez que el Juzgado número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc --partido mayoritario en la coalición de Compromís-- entre 2007 y 2011, remitió el caso a varios órganos judiciales.