VALÈNCIA. La defensa del exdirector general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) José Luis López Jaraba, ejercida por el letrado David González Wonham, ha presentado el escrito de defensa de cara al juicio que sentará en el banquillo a Jaraba por las presuntas irregularidades en la contratación de una serie, y un programa, de la productora Alba Adriática, cuyo administrador único era el empresario José Luis Moreno.
Según consta en el escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el letrado afirma que López Jaraba accedió al puesto de director general de Radiotelevisión Valenciana en octubre de 2009. Tras un informe de fiscalización de la Generalitat referida a la falta de justificación de gastos por importe de 1.785.295 euros por parte de la productora Alba Adriática durante los años 2007 y 2008, antes de que Jaraba accediera al cargo, la RTVV requirió a la citada productora los comprobantes de gasto.
Prosigue diciendo que después de unas largas negociaciones entre las partes, dado que la productora negaba no solo la obligación de devolución de dicha cantidad, sino también la existencia de tal deuda. Además de otras consideraciones respecto a su situación empresarial y la grave crisis del sector en los años 2009, 2010 y siguientes, finalmente la productora efectúa reconocimiento de deuda y ambas partes convienen que se salde la misma mediante la suscripción de un contrato de cesión de derechos de emisión de un nuevo programa. De un tiempo a esta parte, a precio de mercado, que fueron emitidos en función de las necesidades de antena de RTVV.
Para la defensa, los "hechos no son constitutivos de delito alguno. Sin autor no hay delito, y sin delito no hay responsabilidad penal". Por ello solicita la libre absolución del exdirector general de RTVV. La Fiscalía opina lo mismo que la defensa y por eso no acusa.
En su escrito de defensa, y de cara al juicio, González Wonham incorpora la lista de testigos que quiere que declaren. Entre ellos destacan Juan Prefaci Cruz, Victor Daniel Charneco Sáez, Luis Redondo López, Ricardo Calatayud Darocas, Paloma del Moral Roger, Antonio Hervás García, la exconsellera Lola Johnson o Valentín Vidal Beltrán.
También pide la declaración de Juan Boluda Vaya, subdirector general de Entidades Jurídicas y Recursos Materiales de Justicia de la Generalitat Valenciana; Rafael Vicente Queralt, Síndic de Comptes y Jordi García Candau, exdirector general de RTVE y de Televisión Castilla‐La Mancha.
En su auto de procesamiento, el magistrado afirmaba que, tras el reconocimiento de deuda con RTVV efectuado por la productora Alba Adriática, propiedad de José Luís Moreno, en relación con la coproducción de la serie Planta 25 por la suma de 1.785.295 euros, se firmó un nuevo contrato cancelando dicha deuda a cambio de la entrega de un nuevo programa, De un tiempo a esta parte.
El nuevo contrato se firmó para 40 emisiones, que se valoraron en la cantidad que la productora adeudaba al ente público. Sin embargo, afirma el juez que "la pericial judicial practicada los ha valorado en 400.000 euros", un precio muy inferior a la deuda contraída por la productora. Pero, además, afirmaba, la contratación "no se ajustó a la normativa prevista", tampoco se comprobó "el verdadero gasto real del presupuesto presentado, ni se estimaron los posibles ingresos de publicidad derivados de su posible emisión en función de su posible audiencia, al tiempo que incluso en septiembre de 2011 no habían sido emitidos".
Explicaba el auto que el hecho de que tardaran casi un año en emitir los programas pudo deberse a "la falta de calidad de dichos programas", y añade que del informe del Síndic de Comptes, que describe las irregularidades referidas en torno a la contratación, y del resultado del informe pericial recabado, se concluye que existe "una relevante disparidad entre el coste que supuso para el erario y su coste real". Por ello, califica los programas contratados como "una producción ficticiamente sobrevalorada".
Sin embargo, la Fiscalía no comparte lo dicho ni por el juez ni por las acusaciones. La Abogacía de la Generalitat pide para el ex director general de Radiotelevisión Valenciana José López Jaraba una condena de 7 años de prisión y 17 años y medio de inhabilitación absoluta. El sindicato CGT eleva la petición de pena hasta los ocho años de prisión.
En cuanto al Ministerio Público, en su escrito dijo que pedía el sobreseimiento provisional "por no resultar debidamente acreditada la perpetración de los delitos denunciados", más concretamente, al entender que "no existen indicios suficientes para entender debidamente acreditado el delito societario".
El caso se refiere a la contratación por parte de RTVV de la serie Planta 25 a la productora Alba Adriática por un importe de dos millones de euros. Cuando la Sindicatura de Comptes descubrió que en el expediente no había documentación que acreditara los gastos de la producción, RTVV solicitó los comprobantes a la productora y no resultaron justificados gastos por importe de 1.785.295 euros. Dos años después, la productora reconoció la deuda y RTVV computó ese importe en sus cuentas pero en realidad nunca ingresó nada.
A este respecto, afirmó la fiscal que el entonces Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, testificó que no apreció delito en las irregularidades señaladas, de ahí que no las denunciara ante la Fiscalía, de lo que se deduce que no apreció dolo. Según el fiscal, "para inferir ese ánimo doloso e intencional en el investigado D. José López Jaraba, deberíamos contar con una mínima corroboración de concierto con el beneficiario de su conducta, elemento en modo alguno acreditado ya que nunca se recibió declaración al legal representante de Alba Adriática SL durante la instrucción de la causa" porque nadie la solicitó.
La Federación Local de València de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (CGT-PV) solicitó hace dos semanas una pena de ocho años de prisión e inhabilitación por 20 años y 1.385.295 euros de responsabilidad civil para López Jaraba. Según el escrito de la acusación, tras reconocer la deuda, Jaraba firmó un nuevo contrato con la misma productora de cesión de derechos del programa. De un tiempo a esta parte por un importe que coincidía exactamente con los 1.785.295 euros que debía.
Sobre la valoración de los programas contratados, que un informe pericial situaba en menos de una cuarta parte del precio pagado, el fiscal descarta que sean suficientes como prueba incriminatoria porque "los propios peritos señalan limitaciones al alcance para poder cuantificar los costes de producción de los programas y en definitiva para la confección de la pericial, a la vista de la documental facilitada por incongruente, incompleta y demasiado genérica".