El límite al 'motosharing' en València enfada al sector: "Es un freno a la sostenibilidad"

VALÈNCIA. La limitación que quiere implantar el Ayuntamiento de València a los vehículos del servicio de motos compartidas de alquiler -motosharing- no ha sentado bien en el sector. La asociación de empresas de movilidad sostenible y compartida Smart Mobility no ha tardado en reaccionar ante el anuncio del consistorio valenciano de limitar a 133 vehículos por empresa el número de motos que podrán operar en el Cap i Casal.

La plataforma que agrupa a las empresas del sector ha remitido hoy una carta al Ayuntamiento tras conocer la pasada semana la decisión consistorial. Una decisión que, considera el sector, "solo limitará la oferta de motosharing disponible, situándola muy por debajo de la demanda actual, y pondrá en riesgo el correcto funcionamiento y la viabilidad de este modelo de movilidad". En ese sentido, la plataforma asegura que esta decisión "provocará graves perjuicios para los ciudadanos, que verán limitadas sus opciones de movilidad, y supondrá un freno a los objetivos de sostenibilidad de la ciudad".

Asimismo, Smart Mobility ha querido incidir en que esta decisión, que se toma desde la concejalía de Espacio Público -dirigida por Lucía Beamud- a partir de un informe elaborado por el departamento de Movilidad Sostenible -de Giuseppe Grezzi-, se ha tomado "sin haber abierto un periodo de consulta y de diálogo previo con el sector". En ese sentido, la plataforma exige en su misiva la apertura de "una vía de diálogo constructivo".

Con ella, la asociación pretende que, por un lado los operadores puedan conocer "las preocupaciones del Ayuntamiento para trabajar conjuntamente en la forma de resolverlas", y que, por otro, el consistorio pueda "conocer el uso real que los valencianos hacen del servicio y valorar la contribución que realiza a la movilidad libre de emisiones y ruidos a la ciudad".

El total de motos que podrán operar en la ciudad, según el informe de la concejalía de Movilidad Sostenible, son 2.000, y al haber una quincena de empresas interesadas, este máximo se ha repartido de manera equitativa a razón de 133 por cada operadora. "La cifra agregada de 2.000 licencias que propone el Ayuntamiento valenciano es muy inferior al número de motos existentes y, por tanto, a la demanda de los servicios de movilidad compartida que realiza el usuario valenciano", critica la asociación.

Añade que el informe de Movilidad Sostenible es de hace más de un año y "no refleja la creciente demanda del servicio por parte de los usuarios valencianos". La limitación, además, estaría contradiciendo los principios de la legislación española sobre libre prestación de servicios, según la plataforma, por los que "cualquier regulación limitante debe ser necesaria y proporcionada, priorizando siempre las alternativas menos distorsionantes".

El colectivo de empresas de movilidad compartida ha recordado, en otro orden de cosas, que la ciudad de València estaría contraviniendo también los preceptos de la normativa de cambio climático al poner "una barrera para este tipo de movilidad [la movilidad sostenible]". Ya que, subraya, la Ley de cambio climático de mayo fija que los territorios con una población superior a 50.000 habitantes "tienen la obligación legal de fomentar la movilidad eléctrica compartida".

Por todos estos motivos, el colectivo de empresas de movilidad compartida insiste en la necesidad de que administraciones públicas y sector privado trabajen juntos para consensuar un marco regulatorio que, estiman, debería estructurarse alrededor de "las mejores prácticas en la materia, que vienen promoviendo las autoridades de competencia (véase por ejemplo el reciente documento de la Autoridad Catalana de Competencia)". "Todo ello redundará en una movilidad compartida dinámica, ordenada y con las máximas garantías para el usuario, que contribuya decididamente a los objetivos de movilidad sostenible del consistorio", asevera Smart Mobility en su comunicado.

Según pudo saber este diario, han solicitado permiso para funcionar en la ciudad empresas como Cooltra, Yego o Acciona, que ya operaban ante la inexistencia de regulación en la ciudad, y otras como Lam, Bolt, Cargreen -que gestiona el único proyecto piloto de carsharing en la ciudad-, Spin Mobility, Cityscoot, Avant Fullstep, Tucycle Bike, Reby Rides, Working4ueverywhere, OIZ Ridesharing y Mobilitas Futurus.