Los miembros de Acción Cívica han tenido que pagar una fianza de 1.000 euros para poder personarse en la causa
VALENCIA. El magistrado de la Operación Taula Víctor Gómez ha admitido, previo pago de una fianza de 1.000 euros, la personación como acusación popular de la asociación Acción Cívica Contra la Corrupción en la pieza por blanqueo de capitales, más conocida como la pieza del ‘pitufeo’ y que afecta a todo el Grupo Municipal del PP de Valencia de la pasada legislatura. Contra su decisión cabe recurso de las partes en el plazo de tres días.
Acción Cívica envió el pasado 14 de noviembre un escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, en el que afirman que “Acción Cívica contra la corrupción es una asociación independiente y apolítica que brinda su estructura para que abogados de cualquier punto de España puedan personarse como Acusación popular, en representación de la misma y de forma desinteresada, en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos. Es ajena a intereses partidistas y no adscrita a ideología política alguna”.
“Consideramos que la depuración de las responsabilidades penales es un paso esencial para erradicar la corrupción y que para ello debe juzgarse a los culpables, restituir el dinero robado y tomar medidas sólidas de cara al futuro. Creemos que la ciudadanía debe reivindicar su espacio y que actuando al servicio de fiscales y jueces, marque a la clase política cuáles son los límites que impone nuestro ordenamiento jurídico y la ética más elemental”, apostilla la letrada de la asociación.
Según afirman en su escrito, “pese a la indignación generalizada en la sociedad por la corrupción política, el Ministerio Fiscal cuenta con escasos apoyos para llevar adelante tan compleja investigación, y por eso nos vemos en el compromiso de personarnos en la causa para ser colaboradores activos y reales del restablecimiento de la Justicia”.
Y prosigue afirmando que “el interés legítimo de la asociación con esta personación no es otro que la obvia consecución de fines propios de la asociación, estando entre ellos, de manera concreta y específica ‘el ayudar a fiscales y jueces a limpiar las instituciones del Estado con instrumentos a nuestro alcance, en especial mediante el ejercicio de la acusación popular en procedimientos por corrupción política’. Una acusación popular puede realizar una labor constructiva y efectiva como complemento de las demás acusaciones moviéndose en ámbitos que no son propios de la Fiscalía Anticorrupción”.
Esta asociación contra la corrupción está personada en algunos de los casos más importantes de corrupción de España. Entre ellos, la Operación Púnica y el Caso Pujol, ambos en la Audiencia Nacional.
La Junta directiva de Acción Cívica está formada por Mª Amparo Cortés (maestra jubilada), Luis Cubells (empresario), Alberto Domingo (abogado), Joan Llinares (gestor cultural), Mar Monsoriu (periodista), Patricia Olivo (licenciada en Derecho), Javier Rodrigo (guionista) y Julio Pascual (asesor fiscal). Su presidente es Antonio Penadés, abogado, periodista e historiador.