Más allá de la ignominiosa amnistía, que merece capítulo aparte, el arreglo al que han llegado el PSOE y ERC para que Pedro Sánchez pueda contar con los siete votos de este partido independentista en la investidura permite sacar algunas conclusiones en clave valenciana.
La primera es que la nula influencia de los políticos valencianos –y de los periodistas– en la escena nacional ha vuelto a quedar en evidencia. Después de una década larga reivindicando la reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de parte de la deuda que la Generalitat tiene con el Estado, a Junqueras le ha bastado un apretón en los bolaños a Sánchez para que lo que no podía ser y además era imposible se haga realidad.
Tanto informe sesudo de técnicos y expertos en financiación autonómica, tantos números para demostrar la infrafinanciación que sufrimos los valencianos –870 millones del presupuesto se destinarán este año al pago de intereses–, para que lleguen los negociantes y, tras un regateo en el que quién más interés ponía –Bolaños– llevaba las de perder, acuerden, a ojo y sin ningún informe que lo justifique, que el Estado le va a perdonar a Cataluña "en torno al 20%" de los 73.110 millones que le debe, lo que equivale, dicen, a "unos 20.000 millones" –el redondeo al alza es de casi 400 millones–, con un ahorro de intereses de "en torno a 1.300 millones". Esta última cifra es a todas luces errónea porque 1.300 millones es el total de intereses que Cataluña tiene previsto pagar en 2024 por el conjunto de su deuda, al Estado y a terceros, que asciende a 86.800 millones.
En el país en el que todo es imposible hasta que Sánchez necesita unos votos ya se puede condonar deuda, y no solo a Cataluña; habrá café para todos, descafeinado y en cantidades variables calculadas, esperemos, con más rigor que el que ha llenado la taza catalana.
En el ridículo general de todos los partidos valencianos tiene especial relevancia el papelón de Compromís, que después de obtener del PSOE, a través de Sumar, una vaga promesa de reforma de la financiación –es falso que por primera vez se nombrara a la Generalitat valenciana, como ya expliqué aquí–, solo ha acertado a decir que no votará a favor de la condonación de la deuda a Cataluña si no se incluye la de la Comunitat Valenciana, en lugar de amenazar con no votar la investidura, que es lo que de verdad le importa a Sánchez.
Y qué decir de Ximo Puig, ocupado en defender la amnistía en lugar de protestar porque a Cataluña le hayan concedido lo que él, como president, reivindicó en voz alta hasta mayo de 2018 y en voz baja después. Solo cabe esperar que el premio sea un ministerio en el que, en contra de lo que es costumbre, ejerza de valenciano.
Mención aparte merece el inoportuno cambio de postura de Carlos Mazón, el pasado jueves. A primera hora, en el foro Tribuna Mediterránea, dijo por dos veces que condonar deuda a las CCAA no le parecía "lo más serio". Sorprendente afirmación, porque el PPCV viene apoyando una quita en la deuda desde hace tiempo y uno de sus representantes así lo ratificó dos horas después en una reunión de la plataforma Per un Finançament Just. Mazón añadió, eso sí, que "si a alguien se le ocurre condonar un solo céntimo a quien sea, tiene que empezar por la Comunitat Valenciana". Pues no. Se le ha ocurrido a Sánchez y ha empezado por Cataluña.
Ojo con la cifra de 10.000 millones, también redondeada al alza, que se maneja como condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana en ese café para todos anunciado por el PSOE, porque puede desdibujar la reivindicación primigenia de los valencianos y propiciar que Sánchez nos vuelva a tomar el pelo. La Comunitat Valenciana pide una condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación y lo que se le va a condonar a Cataluña, que no está infrafinanciada, es por la deuda derivada de la crisis económica que padecimos todos. Así que la quita de 10.000 millones sería por la crisis, como en Cataluña, pero habrá que seguir reivindicando una quita por la infrafinanciación. Aquí lo explico con más detalle.
No obstante, la deuda es la parte fácil del problema. Más complejo y más importante que la deuda es la revisión del Sistema de Financiación Autonómica pendiente desde hace diez años. El PSOE se ha comprometido ahora a una reforma a la carta para Cataluña, que no está infrafinanciada –conviene repetirlo–, de forma bilateral, al margen de las otras catorce CCAA que forman parte de ese sistema. En otras palabras, engordarán a Cataluña y el resto seguiremos dándole vueltas al triste 'esqueleto' que la ministra de Hacienda sacó a pasear hace ya dos años. Cabe la esperanza es que Sánchez incumpla una vez más su palabra, que cambie de opinión.
El pacto PSOE-ERC contiene otras concesiones que supondrán más dinero del Estado para Cataluña y menos para el resto. Para empezar, la transferencia del servicio de Cercanías en condiciones más que ventajosas, como la congelación del canon ferroviario de Adif desde 2017, cuyos incrementos pagará el Estado, o la condonación, por la patilla, de 133 millones de deuda que la Generalitat de Cataluña tiene actualmente con Renfe. Y más dinero de todos los españoles para servicios que ya estaban transferidos: más dinero para la Justicia catalana, sin que haya café para el resto de CCAA; más fondos para la policía autonómica; más para las cárceles catalanas, 2 millones para becas, y fondos del Estado para I+D en Cataluña en una cuantía no inferior a 150 millones de euros al año. Lo que podríamos denominar "un completo" si no fuera porque estamos a la espera de que lo complete Carles Puigdemont.
Efectivamente, aún nos falta conocer las cesiones a Junts y, en la prórroga, las que obtendrá el PNV, que tiene la habilidad de ponerse siempre al final de la cola, allí donde la capacidad de resistencia del interesado en los votos de los nacionalistas flaquea ante la inminencia del acuerdo. Esto para la investidura, pero no se vayan todavía, que enseguida vienen los presupuestos de 2024, otra oportunidad para seguir ordeñando la vaca.