Foto: EFEVALÈNCIA. La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, acudió el pasado martes a la inauguración del primer curso de formación para los funcionarios en prácticas del nuevo modelo de oposiciones. Un proyecto piloto que supone un punto de inflexión para las oposiciones clásicas, ya que al final del proceso selectivo los aspirantes que superaron el primer examen deben realizar un curso de cuatro meses de formación remunerada en la Administración autonómica para conseguir finalmente a una plaza.
La intención del departamento gestionado por los socialistas con este cambio de modelo era reducir el peso de las pruebas memorísticas en este tipo de procesos selectivos con el objetivo de que los aspirantes pudieran demostrar realmente su capacidad y cualificación para ocupar el puesto al que optaran. En definitiva, Función Pública buscaba con esta fórmula que los opositores probaran lo preparados que están y la capacidad resolutiva que tienen para desempeñar las labores propias del puesto al que se presentan.
La teoría era atractiva, pero una vez se ha llevado a la práctica, las quejas por cómo ha aterrizado y se ha desarrollado este proyecto piloto no han hecho más que amontonarse. Como punto de partida, los estudiantes se quejaron cuando se publicó la convocatoria de que en lugar de reducir temario este se había mantenido e, incluso en algunos casos, aumentado. Pero medio año después de haber arrancado el proceso selectivo, las protestas se han centrado en la precipitación con la que se han resuelto las convocatorias. Y sustentan sus quejas en que la Conselleria ha cubierto las plazas sin esperar a que se haya cerrado el plazo de alegaciones contra el contenido del examen.
La cronología es la siguiente: en el caso de los Técnicos de Administración General de la Generalitat, el Consell publicó la convocatoria de la oposición el pasado mes de octubre y examinó a los aspirantes el 28 de enero. Apenas cinco días después, el 3 de febrero, el tribunal publicó la plantilla de respuestas y ofreció un plazo de 10 días a todo aquel que se hubiera presentado para presentar alegaciones.
Desde entonces y hasta el 3 de marzo, las únicas noticias que tuvieron los examinados fueron las siguientes: del primer examen que se realizó por la mañana quedaban anuladas 9 preguntas de 160. Y del segundo examen, que hicieron por la tarde, se suprimían 8 de las 40 cuestiones a desarrollar. Es decir, casi el 25% de las preguntas se retiraron porque, entre otros errores, el tribunal había incluido entre ellas temario que no entraba en el examen. Sin embargo, una de las causas que más escamó a los examinados fue que no motivaron por qué eliminaban cada una de las 17 preguntas anuladas.
De forma paralela, el mismo día 3 de marzo no solo se publicó la plantilla de respuestas definitivas, sino el listado final de aprobados y quién entraría en la Administración a hacer prácticas remuneradas durante cuatro meses. Además, se determinó la fecha de inicio: lo harían el 21 de marzo, apenas 18 días después.
Ahora bien, la normativa en vigor permitía que este acuerdo fuese recurrido por alguno de los aspirantes si no estaba de acuerdo con la plantilla de respuestas. Y para ello se concedía un mes -hasta el 3 de abril- para poder presentar un recurso de alzada ante la Conselleria -paso previo a acudir a los tribunales-.
Sin embargo, la incorporación de los que en aquella lista de admitidos aparecieron se ha producido antes de que llegue esta fecha. 238 personas ya se encuentran desde la semana pasada realizando prácticas en la Administración -concretamente, técnicos de la Generalitat e informáticos-, antes de que se hayan resuelto los recursos de alzada presentados y con el plazo para presentarlos todavía abierto.
Mientras tanto, no solo se ha incorporado el personal, sino que también la Administración ha entregado ordenadores portátiles a los aprobados para que puedan realizar las prácticas y les ha asignado un destino a cada uno de ellos: los de Castelló y Valencia harán la formación en la capital, mientras los de Alicante podrán hacerla en dicha provincia. Todo ello, insisten los examinados, mientras el resto todavía tiene dos semanas para recurrir el proceso.
Con este escenario, conviene recordar que la nueva Ley de Función Pública Valenciana marca el plazo de un año para resolver los procesos selectivos desde que estos son convocados. Por lo que, al haberse publicado estas oposiciones el pasado mes de octubre, el calendario no daba tregua y ha obligado en cierto modo a la Administración a acelerar cada una de las fases que conforman una oposición, ya que además de los exámenes clásicos, con el nuevo modelo se deben realizar cuatro meses de cursos de prácticas. Y los márgenes para que estos estén finalizados antes del próximo mes de octubre son estrechos.
Así, los aprobados que ahora mismo se encuentran en los programas de formación, comenzaron el 21 de marzo y finalizarían el 21 de julio. Después de esto, todavía deberían presentarse a un examen para demostrar todo lo que han aprendido durante su paso por la Administración. Último paso para convertirse en funcionarios.
Este esquema deja por tanto a la Generalitat tan solo dos meses para examinarles y que la primera promoción tomara posesión de su plaza: agosto y septiembre, puesto que en octubre ya vencería el plazo de un año. Pero al ser agosto inhábil, los sindicatos dan por hecho que todo esto -el último examen y la toma de posesión- tan solo podría ser resuelto en la última semana de julio y septiembre.
Precisamente en estos apurados plazos es donde los aspirantes que se han quedado fuera encuentran justificación a lo sucedido. "La Administración tiene prisa por encajarlo todo, pero este no es un problema de los opositores, ni justificación para pasar por encima de los derechos de las personas", censura un examinado en declaraciones a este diario tras admitir que es uno de los que ha interpuesto un recurso. Dos aspirantes más de esta convocatoria advierten que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en los tribunales porque la Administración no ha esperado a resolver sus recursos de alzada antes de cubrir las plazas y, con ello, está incurriendo en un "daño de difícil reparación".
En este sentido, explican que si finalmente el tribunal les diera la razón en sus recursos, el resultado de las respuestas válidas variaría y, por tanto, con ello lo haría el listado de personas admitidas. Si consiguieran superar así la nota de corte, añaden, se preguntan qué haría Función Pública: "¿Nos incorporará a hacer las prácticas con el curso a mitad? ¿Sacarán a alguien que ahora mismo está ya ocupando una plaza? ¿Y si esa persona es de Castelló y ya ha alquilado una vivienda para poder realizar el curso?".
Insisten en que el problema principal ha sido la precipitación por resolver las convocatorias. De hecho, los sindicatos reconocen que el modus operandi que ha imperado en este proyecto piloto no es la norma. Y, aunque todas las oposiciones acaban sumando recursos en los tribunales por parte de los aspirantes, sí reconocen que antes de asignar las plazas, la Administración suele esperar a que finalicen los plazos de presentación de recursos de alzada. Los plazos apurados de la nueva Ley de Función Pública para resolver cada oposición amenazan con ensombrecer el nuevo MIR de los funcionarios.
