La administración pública pidió una subvención que tenía que asumir la promotora privada
VALÈNCIA. Un error administrativo, una pequeña piedra en el camino que se podría convertir en una bola persiguiendo al Ayuntamiento de Sagunto. Con eso se ha encontrado el proyecto del Music Port Fest, que desarrolló su primera edición el pasado julio a las afueras de La Nau. La iniciativa, que partió de las promotoras El Caimán Producciones, Metrònom y Sagarmanta, fue una de las grandes apuestas culturales y turísticas de la administración local, que llegó a presentar el proyecto a lo grande en su panel de FITUR el pasado enero. Y aunque el festival se acabó celebrando el 6 y 7 de julio, no lo ha hecho con poca polémica (según sospechan algunos grupos de la oposición en el consistorio) y con algunas dudas generadas que aún están intentando resolverse.
Desde la presentación del festival y hasta pocas semanas antes de la celebración del mismo, la relación entre las promotoras y el Ayuntamiento resultó -como poco- difusa y eso ha propiciado un error administrativo, que aunque no ha puesto en peligro de muerte al festival, sí que ha provocado varios dolores de cabeza. La organización, que contó con un presupuesto estimado de unos 250.000 euros, no encontró junto con el consistorio el modelo público-privado con el que quitarse cierta presión presupuestaria y solo pudo conseguir el apoyo presupuestario público de la Diputació de València, además de unos 45.000 euros en promoción desde el gobierno local.
Primero, no se llegaron a presentar de forma oficial a las ayudas que ofrecía la Agència Valenciana de Turisme a otras iniciativas como el Low Festival o el Arenal Sound, algo que la organización achaca a un error administrativo. Por otra parte, no se podían presentar a las subvenciones del Institut Valencià de Cultura al ser la primera edición del proyecto, ya que las bases descartan los proyectos noveles.
La tercera vía pasó porque el Ayuntamiento de Sagunto pidiera la línea de subvenciones para el “impulso a la imagen de las destinaciones turísticas de la Comunitat”, tal como reza el pliego de las ayudas que concedía la Agència Valenciana de Turisme. Y es en esta gestión donde se sitúa la piedra. La administración pública es la que se presenta a esta línea como organizadores del evento, asumiendo el rol que en realidad correspondía a la empresa. Además, y tal como consta en la resolución de la convocatoria, el consistorio se presentó pidiendo los fondos para cubrir gastos de producción, personal, infraestructuras, construcciones, electricidad y fontanería, equipos, servicio de catering, seguridad, transporte y alojamiento, logística, permisos, certificaciones y seguros, cuando el objeto de las ayudas cubría en realidad campañas de publicidad y soportes de difusión. Obviamente, no les correspondió ningún tipo de ayuda.
En el expediente remitido a los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos ayer mismo, se incluye un documento firmado tan solo unos días antes de la celebración del festival en el que el Ayuntamiento aclaraba que su condición no era la de organizador, sino que esa responsabilidad recaía en las promotoras que impulsaron el certamen. A pesar de haber contado hasta unas semanas atrás con ese dinero público, la cita salió adelante y se celebró sin mayor problema logístico y unas 8.000 personas disfrutaron del directo de artistas como Kase O, Muchachito Bombo Infierno o La Mala Rodríguez.
Esta piedra en el camino, este error administrativo, podría traducirse en un desembolso importante de dinero para el Ayuntamiento si la promotora decide querellarse contra este para reclamar las facturas que pedían en la subvención y que la administración anuló cuando se las denegaron. Si no lo hacen, administrativamente hablando, las promotoras estarían asumiendo que el consistorio no era responsable de esos gastos. Si lo hacen, los tribunales tendrán que decidir quién asume los costes del festival. Preguntados por este diario, desde las empresas privadas prefieren no contestar sobre si han tomado ya una opción u otra y responden que lo que realmente les interesa “es cerrar el cartel de la próxima edición”.
Todo este conflicto burocrático ha sido carne de los mentideros en los pasillos del Ayuntamiento y aún falta por resolverse. En realidad, desde pocas semanas después de la celebración del festival, Ciudadanos ya pidió el expediente del festival y el PP denunció a finales de septiembre ante el Síndic de Greuges que el gobierno local no les facilitaba la misma información, junto a un buen número de expedientes sobre otros temas municipales. El Síndic admitió la queja a trámite y, aunque aún no se ha resuelto, ha sido este lunes cuando han recibido la información demandada.
Sin embargo, la petición no se materializa como los grupos de la oposición desearían. Según cuentan estos, el modus operandi ante peticiones concretas para contar con copias de algunos documentos del expedientes solicitados, la administración suele “acercarles” a secretaría el montón de folios del informe completo original que tienen que estudiar, filtrar y fotocopiar los propios grupos, algo que los populares denuncian como “una falta de transparencia indignante”.
Tal y como han explicado los organizadores del festival, ya se está trabajando en la segunda edición, que buscará aumentar el número de entradas vendidas para acercarlo al potencial real de un cartel que nada tiene que envidiar a otras grandes citas musicales del territorio. “Las marcas de festivales tardan años en consolidarse y generar confianza”, explican.
Para evitar el lío administrativo, el Ayuntamiento ya está buscando un modelo con el que encauzar este proyecto de una manera más estable. En este sentido, los presupuestos municipales marcan un camino concreto con dos medidas importantes: pasará a estar gestionado por la concejalía de Cultura en vez de Turismo y tiene una previsión de gasto público de 100.000 euros. La manera de gestionarlos es lo que están buscando ahora mismo, y se podrían estar fijando en otras iniciativas similares como los conciertos de Viveros en València.
