El nuevo concurso de residencias tendrá más lotes y primará la calidad sobre el precio

VALENCIA.  El nuevo concurso de 3.300 plazas de residencias que Políticas Inclusivas quiere poner en marcha tendrán muchos lotes para fomentar la proximidad a los usuarios y primará la calidad sobre el precio. Así lo explica la secretaria autonómica de Servicios Sociales, Sandra Casas, a Valencia Plaza.

El modelo de Accesibilidad Social planteado por el anterior Consell para cubrir la atención residencial estuvo manchado por los juzgados y el preferentismo a empresas como las de la familia de Juan Cotino. "Cuando llegamos nos encontramos con un sector enfrentado porque las políticas del antiguo Gobierno habían beneficiado a unas determinadas empresas frente a otras", explica Casas.

Se encuentran a un sector en conflicto y a la Conselleria atada para hacer un nuevo concurso ante una sentencia que tenía que resolverse en el mes de febrero. "La Conselleria no podía lanzar un nuevo concurso porque estaba en vigor el que existía aunque entendíamos que era irregular, pero no podíamos asegurarlo porque era el poder judicial quien debía determinarlo", explica Casas.

En febrero sale la sentencia y determina que era irregular. A partir de ahí, se abre la posibilidad de abrir un nuevo concurso público que es en el que actualmente se está trabajando desde la conselleria. "En un concurso público, abierto, con un procedimiento transparente al que se cambia todo el procedimiento", destaca la secretaria autonómica. El anterior Gobierno elegía por precio, no primaba la calidad del servicio y el proyecto técnico de la empresa. Por eso han cambiado esos pliegos de la licitación para dar más calidad del servicio y para fomentar la proximidad de la plaza a la persona, algo que se consigue haciendo lotes más pequeños. 

Prestación vinculada al servicio residencial

Para resolver la demanda de patronales como Aerte sobre la petición de un acuerdo marco que permitiera elegir la residencia más cercana a la persona, la ley de dependencia, en su catálogo de servicios y prestaciones, marca el derecho del ciudadano a optar tanto por un servicio público como por una prestación vinculada al servicio residencial.

Sobre esta prestación vinculada también hay un recurso interpuesto con una sentencia del Tribunal Supremo favorable a ella, ya que las empresas que prestaban los servicios de accesibilidad y ganadoras del anterior concursa de la Bienestar Social decían que la Conselleria no podía otorgar prestaciones vinculadas al servicio residencial mientras ellos tuvieran plazas libres. 

Sin embargo, la ley asegura que la persona puede optar entre una residencias pública o privada. Para ello, Políticas Inclusivas también quiere aumentar esta prestación para que se tenga acceso en igualdad de condiciones a las dos.

"Si en un municipio no hay pública, la persona no puede optar a la privada porque no le llega e igual tendría que irse a un pública que está a 50 kilómetros porque no puede hacer frente a la diferencia, por eso queremos aumentar la prestación", destaca Casas. Sin embargo, esta segunda parte de prestación del servicio residencial tiene que normativizarse dentro de la nueva normativa de dependencia, por lo que tardará más que el concurso.

No es viable el acuerdo marco que pide Aerte

Sobre el acuerdo marco que pide Aerte, que está funcionando en Aragón y que en el que pide adherirse cualquier residencia de la Comunitat, Conselleria lo ve inviable porque a cada persona que entre en una residencia hay que hacerle un contrato. "No sería un sistema ágil, colapsaríamos a la conselleria", explica la secretaria autonómica. Sin embargo,  con el concurso público se formaliza un único contrato y entran y salen las personas sin tener que renovarlo. 

"El acuerdo marco tiene un parte beneficiosa, pero esa parte que puede favorecer a la proximidad del usuario por la posibilidad que da elegir lo resolveríamos con los lotes pequeños en el concurso público y con el sistema de prestaciones vinculadas mejoradas".