VALENCIA. El nuevo contrato de transporte escolar tendrá que esperar hasta septiembre. Según explican fuentes de la Conselleria de Educación, se está trabajando en las nuevas condiciones pero no será hasta el próximo curso cuando entre vigor el modelo que consideren más idóneo, del que no desvelan condiciones. Con la entrada del nuevo Gobierno, el equipo de Vicent Marzà decidió prorrogar un año más el contrato vigente tras ser inviable la licitación del Consell anterior, valorada en 328 millones para los próximos cuatro años.
Éste fue declarado desierto por incorrecciones de los propios pliegos ya que había requisitos de imposible cumplimiento como el no poder obtener antes de la firma del contrato la autorización especial necesaria para la realización de transporte regular de uso especial. El problema es que los pliegos de condiciones exigían que en la oferta incluyese esa autorización pero era imposible que la UTE, fórmula que se utilizó para optar a los lotes de las tres provincias, la obtuviese previamente.
Según la normativa de transportes, la Ley de Transportes Terrestres y la Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana, las UTES no pueden tener tarjetas de transporte porque no tienen personalidad jurídica pero debido al gran tamaño de los lotes, todas las ofertas estaban presentadas con este modelo. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales también desestimó los recursos realizados por la UTE de Valencia, Alicante y Castellón en las que se aglutinaban más de 135 empresas.
Las pymes integrantes de la UTE de Valencia, aunque al principio tampoco tenían claro el modelo propuesto por el anterior Consell, aseguraban que el concurso no va en detrimento de los más pequeños, como apuntaba en su momento Mónica Oltra, ya que no existen empresas con más de un 4% de propiedad de la UTE, por lo que "las decisiones se toman de forma solidaria".
Además, destacaban que el optar a un lote por provincia les permitía optimizar sus propios recursos propiciando que empresas que tienen sus flotas en una localidad concreta puedan prestar servicio lo más cerca posible, suponiendo un ahorro de coste para ellos, además de una reducción en los tiempos si se produce algún tipo de avería ya que antes, al darse las licitaciones por rutas, podía acabar siendo adjudicada a una empresa que tenía sus autobuses lejos.
