Foto: Óscar J.Barroso - Europa PressTres reformas constitucionales y cinco leyes autonómicas y otras cinco iniciativas a propuesta de la sociedad civil
VALÈNCIA. (EP) El nuevo Congreso que surja de las elecciones generales del 23 de julio, que se constituirá el 17 de agosto, heredará una quincena de iniciativas legislativas, entre ellas dos cuyo debate está pendiente desde 2014, así como la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llevan con su mandato caducado desde diciembre de 2018.
Tras la disolución de las Cortes se pierde casi todo lo que estaba registrado en el Congreso, pero hay algunas excepciones, que son las iniciativas procedentes de otras instituciones como los parlamentos autonómicos, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.
La iniciativa más antigua con la que se encontrará el próximo Congreso data de 2014. Se trata de una reforma constitucional procedente de la Junta General del Principado de Asturias que busca ampliar la participación ciudadana para, por ejemplo, poder pedir la celebración de un referéndum si se logran 500.000 firmas.
En la herencia figuran, además, otras dos reformas de la Constitución impulsadas desde Cámaras autonómicas. Desde octubre de 2018 lleva esperando ser tramitada la enviada por el Parlamento balear para que la isla de Formentera elija un senador y en la misma situación hay otra de Les Corts Valencianes para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano, que llegó al Congreso en febrero de 2020.
En esta lista hay también cinco Iniciativas Legislativas Populares (ILP), leyes promovidas por la sociedad civil con distintos propósitos. En diciembre de 2020, el Pleno aceptó tramitar una relativa al coste de las prestaciones de dependencia que había recalado en el Congreso en 2014, pero luego ya no hizo nada más.
En enero de 2021 se llegaron a presentar enmiendas parciales a otra ILP sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos, una ley que entró en la Cámara en 2018, pero que ha quedado en el tintero y habrá que ver si se reactiva en la próxima legislatura.
El pasado mes de mayo llegó a presentarse ante la Comisión de Trabajo la ILP para una regularización extraordinaria de personas extranjeras, pero ya no se pudo avanzar más por la disolución de las Cortes.
La ex dirigente de Vox Macarena Olona, que ahora concurre con su nuevo partido 'Caminando Juntos' como cabeza de lista por Granada, presentó una ILP el pasado mes de enero en la que plantea modificar el Código Civil y retirar el régimen de visitas a los hijos cuando la acusada de agresión a su cónyuge sea la mujer o se trate de un hombre en una pareja homosexual.
La Mesa de la Cámara la calificó y la envió a la Junta Electoral Central (JEC) que abrió un primer plazo hasta diciembre para que sus promotores recojan el medio millón de firmas necesario para poder debatir su toma en consideración. Si las logra será el próximo Congreso el que decida si prospera.
Además de las reformas constitucionales procedentes de comunidades autónomas, tampoco caducan las reformas estatutarias. Este es el caso de la enviada por La Rioja, que había llegado al Congreso en mayor de 2019. Ya en esta legislatura, en enero de 2022, se presentaron enmiendas parciales a la misma, pero luego su tramitación quedó 'congelada'.
Y también quedan para la próxima Cámara otras cuatro proposiciones de ley autonómicas que no dio tiempo a someter al debate de toma en consideración, es decir, cuya tramitación no llegó a arrancar. Dos llevan la firma de la Asamblea de Murcia --una para el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y otra sobre custodia compartida--; otra llegó desde el Parlamento catalán, y busca garantizar cajeros automáticos en "municipios en riesgo de exclusión financiera" y otra sobre demarcación y marca judicial, procedente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Por contra, con la disolución del Congreso caducaron siete iniciativas legislativas procedentes de comunidades autónomas que no pueden pasar a la siguiente Cámara porque ya se había iniciado su tramitación en la que ha quedado disuelta.
Una de ellas es la remitida por el Parlamento de Galicia en la XII Legislatura para de transferencia de la titularidad de la AP-9. El Pleno aceptó tramitarla en febrero de 2021, los grupos llegaron a presentar enmiendas y empezaron a discutirlas en ponencia pero, pese a que la ley había sido aprobada por unanimidad en Galicia, el PSOE y el PP no lograron un acuerdo y finalmente el texto quedó varado.
Además, la nueva Cámara tendrá que hacer frente también a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un asunto que lleva pendiente desde diciembre de 2018, y que pese a haber hecho varios intentos, el PSOE y el PP han sido incapaces de desencallar.
En el registro de la Cámara sigue estando la lista de magistrados propuestos por sus compañeros de profesión y por las asociaciones judiciales, una relación de nombres de la que deben salir los 12 vocales de extracción judicial que consensuen los partidos. Las otras ocho plazas se reservan a juristas que en su momento propongan las formaciones políticas.
