Foto: EMTVALÈNCIA. El nuevo convenio laboral de la EMT de València parece encontrarse entre la espada y la pared. Por un lado, los sindicatos tratan de que el Consejo de Administración de la firma municipal de el último visto bueno al texto acordado entre la dirección y el Comité de Empresa y ratificado recientemente por los empleados. Y por otro lado, algunos responsables máximos de la empresa plantean dudas sobre la conveniencia de hacerlo en esta situación excepcional de crisis económica.
Como publicó este diario, la plantilla de la EMT ratificó a finales de la pasada semana el nuevo convenio que abarcará hasta el año 2022 y que incluye numerosas mejoras en las condiciones laborales, sobre los días de descanso, la flexibilidad horaria, cuestiones organizativas de vacaciones, permisos e incluso uniformes. Y también en el apartado económico, donde se contempla un aumento en las remuneraciones: un incremento general del 2% para 2020, como el resto de funcionarios, y una subida de todos los elementos de la estructura salarial en 2021 y 2022 al máximo que permita el Gobierno central. Y a todo ello se suman los complementos: se instala uno por la puesta a disposición de móvil, se incluye en el convenio la prima por la mejora del absentismo individual y otra por la mejora del absentismo colectivo, entre otras cosas.
No es poca la insistencia de los sindicatos en que el Consejo de Administración apruebe el documento definitivo cuanto antes, el último paso en la empresa antes de que sea aplicable. Pero es aquí, en el máximo órgano , donde pueda encontrar un escollo que también asumen responsables de la empresa que preside el edil Giuseppe Grezzi. Fuentes próximas al organismo explican que todavía no está claro que lo más adecuado para la firma municipal sea sacar adelante el convenio por el impacto financiero que supondría en la firma en unos momentos tan delicados.
Huelga recordar que la EMT espera dejar de ingresar hasta 27 millones de euros este ejercicio por la crisis de la Covid. Un incremento de los gastos es "inasumible" para una firma pública en esta situación, explican las fuentes consultadas. Como admitió el propio presidente, se esperan recortes, pero en las inversiones no imprescindibles, y nunca llegarán a tocar las condiciones laborales. Algo que incluso también han apoyado los socios de Grezzi en el gobierno, los consejeros socialistas. Ahora bien, esta negativa a recortar en salarios no implica que se deba agrandar el gasto, sostienen las mencionadas fuentes.
Y es que, además, la empresa, como sus homólogas en otras ciudades, ha pedido al Gobierno central liquidez 'extra' para poder hacer frente a la situación y el Ejecutivo central ha anunciado que aprobará un fondo de 800 millones para los metros y buses urbanos de todo el país. "No tiene sentido pedir dinero al Gobierno porque tienes un desajuste millonario mientras, por otro lado, apruebas un incremento salarial", arguyen a este respecto, para añadir que probablemente una condición para recibir esta ayuda sea presentar un plan de ahorro. Algo que sería incompatible con un aumento del gasto en la partida de personal.
Una visión distinta tienen las organizaciones sindicales, donde las mejoras contempladas en el nuevo convenio no son consideradas un "aumento", sino que, sustentan, es cuestión de igualdad para con el resto de empleados públicos. Por ejemplo, el 2% de incremento salarial en 2020, relatan, se corresponde con lo aprobado para los funcionarios y que lleva aplicándose en las administraciones desde el 1 de enero.
Por el momento, hay dos posibilidades. La primera es que la dirección acceda a llevar lo acordado al próximo Consejo como piden los sindicatos. Allí debería someterse a votación y aprobarse o rechazarse. Por ahora los partidos no se han mojado públicamente y ese sería el momento de enfrentarse a la disyuntiva. Ciertamente, quien lo hiciera en contra, iría en contra de los intereses de los empleados, un riesgo que no muchos quieren asumir en una empresa en la que la actividad sindical es intensa.
La otra posibilidad es que la dirección, finalmente, decidiera no llevar el texto al Consejo y buscar vías alternativas para evitar el conflicto con las organizaciones sindicales. Ahora bien, fuentes sindicales advierten: de no aprobarse el texto por alguna vía, puede abrirse un conflicto de magnitud e incluso plantean paros. Consideran que es obligatorio que el documento acabe en el máximo órgano dado que la plantilla ya lo ha ratificado. Las fuentes oficiales de la empresa, consultadas por este diario, rehusaron esclarecer si finalmente se someterá a votación el texto o no.
