El PP y Ciudadanos aprueban una moción para impedir el control previo de las cuentas del ayuntamiento e intentar evitar que el interventor pueda desarrollar su labor fiscalizadora
VALENCIA. El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción ha enviado una carta al presidente Mariano Rajoy para denunciar la situación de “acoso” y “maltrato” por parte del Partido Popular en Orihuela (Alicante) contra el interventor del ayuntamiento, Fernando Urruticoechea, por su constante labor de denuncia de las prácticas presuntamente irregulares que lleva a cabo el equipo de gobierno. La situación se ha recrudecido desde que el funcionario recibió, a principios de mayo, el premio Libertad de Expresión de la Unió de Periodistes Valencians por su incansable labor contra la corrupción.
En su carta, el Observatorio recuerda a Rajoy el impecable historial del actual interventor de la localidad (que también lo ha sido de Crevillent, Castro Urdiales, Leganés o Ermua). “Fruto de su profesional e íntegro desempeño”, señalan, “y de sus actas de reparo a decisiones municipales ilegales, se han instruido hasta la fecha gran número de causas judiciales de las que han resultado inhabilitados e investigados alcaldes, pero que le han supuesto también la incoación en su contra de expedientes sancionadores por cumplir, de los que siempre ha salido inmaculado, y sufrir grandes presiones de todo tipo”.
Según explicó Urruticoechea a Valencia Plaza, “la presión es constante y continua. Hoy mismo [por el viernes] me han mandado una nota para justificar mi ausencia en una reunión a la que no se me convocó”. Sin embargo, precisa, “lo grave no es mi caso personal sino cómo el Ayuntamiento de Orihuela está intentando eliminar el control previo de legalidad en la institución”.
La misiva señala como responsables de esta situación al alcalde popular de la localidad, Emilio Bascuñana, y al edil de Hacienda y Recursos Humanos, Rafael Almagro. Uno de los últimos casos de presión contra este profesional tuvo lugar la pasada semana. Se le denegó un permiso para disfrutar de cuatro días libres para acompañar a su mujer a un congreso de Entomología Forense en Budapest.
La denegación se produjo con 24 horas de antelación, con lo que Urruticoechea no pudo recurrir la decisión y tuvo que suspender el viaje (y perder el dinero que había pagado por él). Estos días de descanso se justifican en las horas extra que trabajó en 2014 y que todavía no le han permitido compensar.
Por otra parte, Urruticoechea se mostró muy crítico con el acuerdo aprobado por el pleno, con el voto del PP y Ciudadanos, por el que se sustituye el control limitado previo de las acciones de gobierno por otro financiero a posteriori. Esto dificulta la labor de el interventor de la localidad para poder realizar sus trabajo de fiscalización de las cuentas públicas.
Desde el Observatorio explican que, con esta carta, pretenden que “que el Gobierno no pueda alegar ignorancia respecto a casos como el que nos ocupa, y que se plantee, en el momento políticamente oportuno, un estudio de la situación de los interventores, funcionarios estatales que trabajan en condiciones de dependencia absoluta en ayuntamientos y comunidades autónomas, dependiendo en su régimen de personal de aquellos políticos y funcionarios sobre cuyas decisiones deben ejercer un control”.
Por su parte, desde la Unió de Periodistes Valencians se han sumado a la denuncia del Observatorio y han asegurado en un comunicado en “esperamos que Mariano Rajoy escuche esta petición y ponga fin a esta persecución laboral intolerable”. Cabe señalar que Urruticoechea ha anunciado que en las próximas semanas presentará dos demandas contra el consistorio.