FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La empresa de consultoría global Willis Towers Watson considera que algunas de las medidas acordadas de la primera fase de la reforma de pensiones contienen "serias ineficiencias", muy especialmente por lo que se refiera al retraso de la edad de jubilación.
Así se desprende del Observatorio de Pensiones de Willins Towers Watson publicado este lunes tras cerrarse el acuerdo para la primera fase de la reforma de las pensiones entre Gobierno, patronal y sindicatos.
El Observatorio concluye que la jubilación demorada no presenta incentivos para acogerse a ella y cree que la reforma debe enfocarse hacia la modificación de tres elementos: que los coeficientes se aplicaran por meses de retraso, que el coeficiente mensual fuera de un 0,6% mensual y que el cheque que lo sustituyera aumentara de forma importante la cuantía entregada, dejando de depender de la cuantía de la pensión.
Según Enrique Devesa, integrante del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, la propuesta del Anteproyecto mejora la situación actual de la pensión demorada al elevar la bonificación al 4% por año (anteriormente, fluctuaba entre el 2% y el 4%) y hacerla independiente de los años cotizados.
No obstante, considera que se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo y sólo se aplica sobre años completos de demora en lugar de sobre meses. Aproximarse a la equidad actuarial en cuanto respecta a la jubilación demorada llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora, es decir, de un 7,2% por año, de acuerdo con el Observatorio.
Para poner en contexto la situación, según el anteproyecto aprobado, los cálculos del Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson arrojan que para una persona que tenga derecho a una pensión media mensual de 1.455 euros, el retraso de entre 1 y 11 meses no generaría una mayor pensión.
Con un mes más -retraso de 12 meses de la edad de jubilación- la pensión analizada se situaría en los 1.513 euros, por debajo de los 1.559 euros a los que se podría llegar si se hubiera incluido en el pacto de reforma de las pensiones un sistema actuarialmente justo. En términos anuales, no ajustar actuarialmente el modelo de pensiones supone una pérdida de 652 euros al caso concreto analizado.
La misma situación se produce en el caso de una pensión mínima: habría que esperar hasta 12 meses para pasar de 851 a 885 euros mensuales, pero lo actuarialmente correcto sería alcanzar los 912 euros. En este caso, la pérdida anual sería de 381 euros.
En el caso de una pensión máxima, sería necesario también que transcurrieran 12 meses para pasar de 2.797 a 2.909 euros frente a los 2.999 euros que corresponderían con un modelo actuarialmente correcto. En este caso, la pérdida anual del acuerdo actual respecto a lo actuarialmente justo es de 1.253 euros.
