La gestora de la estafa al Palacio de Congresos pide tiempo a la espera del seguro

VALÈNCIA. La gestora del Palacio de Congresos que sufrió la estafa de 200.000 euros ha solicitado más tiempo al organismo municipal, que le había requerido reintegrar el montante defraudado. La compañía externa ha solicitado al organismo público, dependiente del Ayuntamiento de València, hasta el lunes a la espera de que su aseguradora aclare si se hará cargo del agujero económico sufrido por las arcas municipales entre junio y julio.

Entonces, unos estafadores anónimos se hicieron pasar por representantes de un proveedor real del Palacio de Congresos mediante cuentas de correo electrónico falsas. Así, pidieron el cambio de cuenta para que el Palacio abonase unas facturas pendientes por servicios que dicho proveedor efectivamente había prestado. La compañía gestora procedió a la modificación aunque, según los protocolos, sólo el director financiero del Palacio -que estaba de baja en ese momento- estaba facultado para hacerlo.

Así pues, tras detectar el fraude el pasado 10 de septiembre, el Palacio considera a la firma como única responsable de lo sucedido. El consejo de administración del ente que preside la edil Paula Llobet acordó este jueves por unanimidad iniciar las acciones legales para reclamar a la empresa externa, así como contra cualquier otra entidad implicada, el dinero estafado, de los que ya se ha podido recuperar un 23%, cerca de 47.000 euros.

Llobet señaló este jueves, tras el consejo de administración, que pidieron un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento para ver si "veía indicios" para poder presentar una demanda y afirmó que, como se publicó este jueves, han determinado que "sí que hay indicios y motivos para que el Ayuntamiento pueda demandar a esta empresa proveedora de servicios".

Sin embargo, precisó que "todavía no está cerrada la vía con la empresa, que ha reclamado a su seguro que asuma la responsabilidad", para alcanzar un acuerdo extrajudicial y precisó que la aseguradora se ha comprometido a dar respuesta en un plazo de cuatro días hábiles desde el 8 de octubre, por lo que tiene de plazo hasta el lunes 14 de octubre para dar respuesta.

"En el caso de que el seguro asumiera la responsabilidad, si hemos recuperado el dinero, no habría lugar a realizar las acciones procesales. En el caso de que no sea así, haríamos lo máximo posible para recuperar el dinero", explicó Llobet. Con todo, se mostró "satisfecha" de haber recuperado "un 23 por ciento del dinero estafado", "que en anteriores estafas no se había producido". "Creo que esa es una primera buena noticia, pero nosotros lo que queremos es recuperar el 100% del dinero estafado", insistió.

"En este caso, la empresa se ha extralimitado de sus funciones y ha realizado un cambio de número de cuenta sin una indicación expresa por parte del Palacio de Congresos de poder realizarlo, sin haber hecho ninguna comprobación y sin tampoco tener la supervisión ni del director del Palacio, ni de ninguna otra persona del Palacio de Congresos para poder efectivamente dar el visto bueno a ese cambio en número de cuenta, que se produjo sin que nosotros tuviéramos esa información de que se había producido", aseguró Llobet sobre las causas de la estafa.

PSPV reclama un peritaje informático

Por parte del PSPV, el concejal Javier Mateo señaló que "por responsabilidad" votó a favor de las acciones judiciales que va a emprender la dirección del Palacio, aunque advirtió de que su formación "mantiene su desconfianza porque en todo el proceso se ha intentado ocultar la estafa a la ciudadanía y no se ha facilitado el acceso a la información a los consejeros".

Ante esta situación, insistió en que "por responsabilidad" los socialistas apoyan las acciones que se van a emprender, pero dejó claro que, "en caso de que no haya avances y no se aclare lo sucedido sin perjuicio para las arcas públicas", exigirán "responsabilidades políticas". En ese sentido, insistió en la necesidad de un peritaje informático que "ayude a aclarar lo sucedido" en la estafa y a "evitar que se comentan los mismos errores". Y lamentó la negativa de la dirección del Palacio de Congresos a llevar a cabo esta auditoría: "Se trata de una medida de prevención y de transparencia, algo en lo que el Gobierno de Catalá no destaca", criticó.

Falta de un plan de ciberseguridad

Desde Compromís, el concejal Pere Fuset calificó de "inexplicable que, a pesar de contar con una detallada guía encargada por el anterior gobierno, un organismo como el Palacio de Congresos no cuente aún con un plan de ciberseguridad como el que se impulsó para el Ayuntamiento".

"Solo después de que Compromís preguntara por el estado de este plan en la pasada comisión, el PP se ha decidido a contratar algo que debería haber sido una prioridad. Llegan más de un año tarde y parece ser que esta circunstancia es extensiva al resto de empresas y organismos municipales. Algo que aún no podemos concretar, dado que el gobierno de Catalá aún no nos ha facilitado la información", censuró Fuset en un comunicado.

Este jueves, el consejo de administración dio luz verde a llevar a cabo la contratación para la realización de un plan anual de ciberseguridad. El contrato, por valor de 60.000 euros, tiene por objeto la adquisición de un sistema de gestión unificada de amenazas (UTM) y la implementación de sistemas de monitoreo integral para todos los racks de comunicaciones IT y la electrónica de red asociada, así como la implementación de medidas de securización física y un plan de ciberseguridad anual completo.