Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. Estaba el barrio convocado en el Ateneo Marítimo del Cabanyal, pero ni se imaginaba tal respuesta. Cerca de 150 personas coparon este martes el salón de actos para obtener información y participar de la corriente crítica de vecinos y vecinas del barrio con el Plan Especial del Cabanyal (PEC). Ahora se encuentra en exposición pública, y la histórica plataforma Salvem el Cabanyal y la Asociación de Vecinos y Vecinas ya habían dicho la suya días atrás. Para esta nueva plataforma vecinal, que surge de Cabanyal Horta pese a nutrirse de un vecindario trasnversal y que guarda un rechazo común al PEC planteado, la posición de Salvem y la AVV es excesivamente conformista.
Precisamente el encuentro, para cuya difusión se había hecho un gran esfuerzo, iba dirigido a que los vecinos y vecinas conocieran cuáles son las alegaciones que la plataforma ha estado elaborando junto con la asesoría de la Cooperativa de abogados de El Rogle, y para poner en común aquellas cuestiones que no agradan con el propósito de plantear nuevas posibles alegaciones. Cristalizó, pues, los temores que albergan muchos a la especulación, a la gentrificación y a la turistificación del barrio, que encontrarían las puertas abiertas con las medidas previstas en el Plan, según auguran en la plataforma.
Si algo quedó claro es el profundo desapego de parte del barrio marítimo con el Plan de Protección elaborado por la concejalía de Urbanismo, que dirige el socialista Vicent Sarrià. El rechazo llegó hasta el punto de que uno de los vecinos intervinientes se preguntó por qué, en lugar de intentar mejorar un Plan que, para ellos, hace aguas por muchas partes, la plataforma no se oponía frontalmente e intentaba paralizarlo. Máxime con dos meses electorales por delante, la posibilidad planteaba usar el PEC como herramienta de presión electoral.
Una posición que, pese a ser aplaudida entre el personal, pronto fue rechazada públicamente por otros vecinos que alegaron que el barrio necesita un Plan urgentemente -"no podemos seguir con un Plan de 1988"-, pues no contar con él le hace "vulnerable". Además, el contraargumento se armaba también en torno a las próximas elecciones: si existe un cambio de gobierno, quién sabe qué planteamiento quiere aplicar en el barrio. En definitiva, mejor intentar cambiar el Plan que ahora se propone, concluyeron. Algo así como más vale malo conocido, que bueno por conocer.
Preguntados los abogados de la Cooperativa El Rogle acerca de los aspectos positivos del Plan, aseguraron no poder destacar muchos: se desecha la prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez y también la destrucción del centro histórico del barrio, y sus intenciones son buenas, pues expone querer rehabilitar la zona. Además, pusieron en valor la apuesta del Plan por la vivienda protegida -el 60% de la vivienda nueva, frente al 40% de renta libre-. Ahora bien, suspende en todo lo demás porque, a ojos de la Cooperativa, las medidas prácticas no van dirigidas a cumplir con los objetivos de recuperación, rehabilitación y lucha contra la gentrificación. Ahora bien, las alegaciones tienen su origen en los vecinos. El Rogle ha trabajado en canalizar todas las quejas mediante 14 alegaciones dotadas de contenido jurídico, que expusieron al público asistente.
Dos de ellas son "potentes", en palabras de los juristas, y van dirigidas al grueso del Plan. En ellas se recoge que el PEC incumple la legislación urbanística autonómica -la LOTUP-, pues arguyen, entre otras cosas, que no cumple con priorizar la rehabilitación a la nueva construcción, no promueve el crecimiento del barrio en la ciudad consolidada, es vaga en el respeto de la morfología del barrio y no protege la cohesión social. La otra, se centra en una cuestión procedimental: el Ayuntamiento ha utilizado el procedimiento simplificado de evaluación ambiental, pero el Plan cumple con los requisitos para tramitarlo por el procedimiento ordinario, que es más largo y exigente.
Respecto a las viviendas turísticas, el Plan distingue tres zonas. Por un lado, la parte interna del barrio, delimitada entre la calle Dr. Lluch y Serrería, donde la cantidad de pisos turísticos podría alcanzar el 10% por manzana. Otra de las zonas es la fachada marítima, entre la calle Dr. Lluch y el paseo marítimo, donde la limitación se elevaría al 30% por manzana. Y por último, el PAI de Eugenia Viñes, que tendría una restricción del 40% por manzana. Huelga resaltar al respecto que, además, los pisos turísticos se rigen por la normativa establecida en el planeamiento urbano general de la ciudad, según el cual sólo se pueden habilitar en bajos y en primera planta de los edificios, y nunca por encima de viviendas residenciales.
Sobre ello, la plataforma insiste en resaltar que estos límites no son vinculantes, sino que son meros indicadores que, cuando se sobrepasen, alertarán al Ayuntamiento de la concentración de pisos turísticos, y entonces este podrá aplicar la suspensión temporal de licencias. Aquí, la alegación es contundente: es necesario endurecer estos límites. Una petición que Salvem el Cabanyal y la AVV ya habían pedido. El consistorio ya ha anunciado su intención de tener en cuenta esta cuestión, si bien se desconoce de cuánto puede ser la rebaja. En ese sentido, la plataforma pedirá en su escrito que se rebaje el límite al 10% o incluso menos, y que se implante la misma restricción en todo el barrio marítimo, sin distinción por zonas.
Proponen, en cuanto a vivienda, la reducción de seis alturas a tres las que previsiblemente se permiten a algunas fincas cerca del mar. Pero piden que esta reducción del número de viviendas se haga manteniendo los porcentajes de reparto entre la vivienda de protección pública (60%) y la de renta libre (40%). Según indican, la construcción de edificios tan elevados no tiene en cuenta cómo puede afectar esto a nivel climático, pues advierten que podría suponer un freno a la brisa marina y derivar en el surgimiento de las llamadas islas de calor. Asimismo, critican el efecto paisajístico y de impacto visual que ello conlleva.
También en ese sentido, creen que es "absurdo" construir tanta vivienda nueva -se prevén más de 1.000 en el Plan- puesto que, según los datos que ofrecieron, hay cerca de 2.000 viviendas vacías en el barrio. Califican de la construcción de este millar de viviendas como el "ABC de la gentrificación". Contra ello, proponen que prime la reconstrucción y rehabilitación del barrio sobre la nueva construcción. Asimismo, advierten que si en un primer borrador del PEC, la llamada 'zona cero' aparecía como una "zona de actuación preferente", esta nomenclatura ha desaparecido, por lo que temen la falta de actuación sobre esta área.
El PEC aborda la movilidad creando vias de coexistencia y peatonalizando varias áreas. Sin embargo, explicaron en la asamblea que, aunque el PEC "parece promover una movilidad sostenible, no recoge medidas concretas" para hacerlo realidad. De hecho, criticaron que "promueve el uso del vehículo privado". Se referían a la construcción de varios aparcamientos en altura y uno subterráneo para los vecinos fruto de la reducción de las plazas disponibles en la calle. Aquí, advirtieron de que se carece de un estudio para saber cuántas plazas serían necesarias para cubrir la demanda del vecindario, si bien sus estimaciones se acercan a las 3.600 plazas de aparcamiento. Actualmente hay contempladas 1.250.
Pero quizá uno de los caballos de batalla de la plataforma es la de las infraestructuras verdes. En este campo, los abogados explicaron que el PEC no define cómo van a ser las zonas verdes, identifica como zonas verdes rotondas y zonas de difícil acceso vecinal, así como espacios pavimentados, que reducirían un 4% el espacio verde previsto. Además, con el aumento poblacional que pretende el Plan, los metros cuadrados de zona verde por vecino serían menores a los que se contemplan. Criticaron sobre este asunto que las áreas verdes proyectadas carecen de conectividad y coherencia.