VALÈNCIA. El Plan Especial del Cabanyal (PEC) diseñado por el Ayuntamiento de València sigue en exposición pública hasta mediados de abril. Pero desde que se aprobara formalmente en el pleno municipal en enero, se han sucedido algunas voces críticas en su contra. Algunos vecinos de Eugenia Viñes temen no poder pagar los costes de urbanización que con toda probabilidad afronten en el PAI de las Piscinas, por ejemplo. Otros, se alzan contra las nuevas fincas que permitirá construir el planeamiento. Son varios grupos de vecinos los que están trabajando ya en confeccionar las alegaciones al planeamiento.
Por el momento, la Asociación de Vecinos y Vecinas del Cabanyal ha adelantado algunas pinceladas de las alegaciones que presentarán al PEC junto con la plataforma Salvem el Cabanyal. Quizá la más llamativa por lo que ha supuesto la irrupción de los pisos turísticos en la ciudad de València es la exigencia de hacer más estrictas las restricciones. Los vecinos han anunciado que presentarán alegaciones para que las normas urbanísticas del Plan reduzcan los procentajes permitidos de apartamentos turísticos en las zonas de primera línea de playa, que según el planteamiento actual, estaban fijadas en el 30% de pisos turísticos por manzana.
El Plan había diferenciado tres zonas con distintas limitaciones. Por un lado, la parte interna del barrio, delimitada entre la calle Dr. Lluch y Serrería, donde la cantidad de pisos turísticos podría alcanzar el 10% por manzana. Otra de las zonas es la fachada marítima, entre la calle Dr. Lluch y el paseo marítimo, donde la limitación se elevaría al 30% por manzana. Y por último, el PAI de Eugenia Viñes, que tendría una restricción del 40% por manzana. Huelga resaltar al respecto que, además, los pisos turísticos se rigen por la normativa establecida en el planeamiento urbano general de la ciudad, según el cual sólo se pueden habilitar en bajos y en primera planta de los edificios, y nunca por encima de viviendas residenciales.
Otra de las cuestiones objeto de modificación, a juicio de los vecinos del barrio, es la reducción de alturas en las edificaciones de nueva planta en la calle de Doctor Lluch. Respecto a ello, desde el área de Urbanismo en el consistorio ya han avanzado que se rebajarán de cinco alturas a tres. La asociación de vecinos también pedirá que se revisen las alturas en la edificación anexa a los Bloques Portuarios. En este caso, aunque no se ha realizado, sí que se podrá modificar.
Por otro lado, una de las preocupaciones para la asociación es el mantenimiento de las edificaciones consolidadas justo frente al Hotel Las Arenas, al final de la calle Eugenia Viñes, y en el entorno del chalet de Demetrio Ribes. Son construcciones de una tipología e historia semblantes y que mantienen una estrecha relación morfológica con el barrio y la fachada marítima. El resto de edificaciones de su alrededor, en pésimas condiciones de conservación, fueron compradas por el Ayuntamiento, Aumsa y un grupo de promotores que no sobrevivió a la burbuja inmobiliaria (ahora es propiedad del Banco de Sabadell y de la Sareb) que, de nuevo en despachos, acordó demolerlas por la contrata municipal e incorporar su coste e indemnizaciones al PAI de Eugenia Viñes, del que forman parte.
Dicho PAI, que al fin y al cabo es la integración del de las frustradas Piscinas Olímpicas, también prevé la construcción de un edificio con uso hotelero de 15 plantas. Concretamente en la calle Doctor Marcos Sopena. Se trata de un complejo que muchos vecinos ven con recelo, aunque como está previsto en terrenos municipales, la venta de dichos terrenos supondrá una considerable plusvalía para que el consistorio acometa importantes inversiones en dotaciones y mejoras en el barrio. Con todo, la asociación pedirá que los solares públicos más cercanos al hotel se destinen fundamentalmente a la construcción de vivienda social.
En esta zona concreta, el planeamiento prevé la construcción de 274 viviendas de renta libre. En el resto del barrio, las previsiones de construir aproximadamente 700 viviendas más, de las cuales 288 serán viviendas de protección pública, otras 288 para alojamientos-dotacionales y otras 192 de renta libre.
Y con el propósito de agilizar y controlar la ejecución del Plan del Cabanyal, ratificando que se cumplen sus objetivos fundamentales y dinamizando sus trámites, una de las propuestas que los mismos vecinos llevarán a los despachos de Urbanismo es la puesta en marcha de una oficina pública con dotación para su funcionamiento. Se pretende así evitar la parálisis y la procrastinación tras años y años de degradación del barrio marítimo.