VALÈNCIA (EP) La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha firmado este jueves, mediante videoconferencia, un convenio con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sánchez, por el que la Inspección General de Servicios (IGS) de la Generalitat podrá consultar las bases de datos de los notarios para prevenir las malas praxis administrativas, irregularidades y, en última instancia, casos de fraude o corrupción.
El Consejo General del Notariado, en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con lo que establece la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dispone de una base de datos de titularidades reales y otra de personas con responsabilidad pública.
El primero identifica a las personas físicas que poseen acciones o participaciones de sociedades o personas jurídicas mientras que el segundo identifica a más de 25.000 personas con responsabilidad pública así como a sus familiares o allegados con el fin de controlar de modo eficaz los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen un cargo público.
La Ley 22/2018 de 6 de noviembre de Inspección General de Servicios y Sistemas de Alerta para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental establece que la IGS podrá nutrirse de bases de datos "internas y externas -como es el caso- para consolidar un sistema de alertas para prevenir malas prácticas y corrupción".
De esta forma, a través del convenio firmado este jueves, los inspectores de la Generalitat podrán acceder a estas bases de datos en las condiciones que se determinan en el acuerdo ya que se trata de información "sensible", ha informado la Generalitat en un comunicado.
Según ha destacado el Consejo General del Notariado (CGN), el acceso a estos datos permitirá a la Inspección General de Servicios de la Conselleria disponer de información "de suma relevancia para la investigación de posibles infracciones e irregularidades mercantiles y financieras de contratistas, proveedores de servicios y beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, así como de personas y entidades que mantengan o hayan mantenido una relación laboral o contractual con la Generalitat y su sector público instrumental".
Para ello, el CGN facilitará al personal de la Inspección General de Servicios información sobre las personas físicas o jurídicas requeridas "adoptando las medidas técnicas necesarias que garanticen la seguridad y la confidencialidad de la información obtenida de ambas bases".
Según ha explicado la consellera, "con la firma de este convenio damos un paso muy importante en la lucha contra la corrupción y para la consolidación del sistema de alertas contra las malas praxis que tiene la Generalitat".
En este sentido, ha recordado que la Ley para la Prevención de Malas Prácticas en la Administración supuso que la Generalitat daba "máximo rango normativo a una iniciativa pionera en España en la detección precoz de posibles irregularidades", ha dicho. Para la consellera, con este acuerdo "tenemos una herramienta más para la lucha contra la corrupción gracias al uso de potentes bases de datos, garantizando en todo momento los derechos de protección de datos de carácter personal".
