El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Foto: EFE/FERNANDO VILLARVALÈNCIA (EFE). El plazo de un día acordado por el juez para que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y la veintena de acusados en el caso que investiga el origen del patrimonio del exministro presten sus respectivas fianzas, cuyo importe total supera los 220 millones de euros, concluye este lunes.
En su auto de apertura de juicio oral, conocido el 2 de junio, el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, daba a todos un día hábil -a contar desde el momento en el que recogieran la notificación, esto es, el pasado viernes- para proceder al abono, o sus bienes serían embargados.
De este modo, mañana concluiría el plazo previsto por el magistrado para hacer frente a la fianza, que tiene como objetivo asegurar la posible responsabilidad civil en el supuesto de que finalmente se dicte una sentencia condenatoria.
Sin embargo, algunas defensas ya han anunciado que elevarán esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid al no entender el criterio seguido por el juzgado a la hora de fijar estas cuantías.
Y es que, aunque la apertura de juicio oral es firme, tal como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la jurisprudencia menor sí que ha venido admitiendo los recursos sobre medidas cautelares personales, como pueda ser el importe de la fianza.
Los expertos reconocen que se trata de una cuestión controvertida, pero se remiten a sentencias como la dictada en 2018 por la Audiencia Provincial de Barcelona, que consideró que el derecho a la tutela judicial efectiva "debe conducir a la admisión del recurso de apelación en la fijación de la fianza y su cuantía".
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, el juez del "caso Rato" explicó que la fianza se había acordado a partir del escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, extremo que niegan las defensas, dispuestas a recurrir ante una segunda instancia.
La cuantía se establece teniendo en cuenta las circunstancias económicas de la persona en cuestión, la gravedad de las penas a imponer por los delitos imputados, y la alarma social que hayan podido generar estos hechos. Por su finalidad aseguradora, podrá prestarse en metálico, por aval bancario, hipoteca o prenda.
El juez de instrucción deberá determinar que la fianza es suficiente; en este escenario, se tendrá por prestada, y quedará constancia en la pieza separada de responsabilidad civil.
En caso contrario, dictará el embargo de los bienes propiedad del acusado en una cuantía suficiente para asegurar posibles condenas.
En total, el magistrado impuso más de 220 millones de euros en fianzas al conjunto de acusados; de esa cuantía, 65,1 millones deberán ser aportados por Rato; 40,4 millones por el abogado Domingo Plazas, y 27,5 millones por el que fuera cuñado del exministro, Santiago Alarcó.
No obstante, el juzgado ya ordenó en septiembre de 2015, cinco meses después del comienzo de la causa, el embargo de los bienes de Rato, incluida su pensión como ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), por 18 millones de euros, al no hacer efectiva la fianza tras ser imputado.
El último auto del juez deja al ex secretario general de Teléfonica Ramiro Sánchez de Lerín con otro de los importes más elevados, 10,3 millones, aunque su responsabilidad solidaria se determinará en ejecución de sentencia, con la declaración de la responsabilidad civil subsidiaria de Telefónica.
Por su parte, cada uno de los once acusados restantes tendrán que prestar fianzas por valor de 4,5 millones, entre ellos, quien fuera "mano derecha" de Rato en Bankia, José Manuel Fernández Norniella, considerado por los investigadores "colaborador" del exministro.
También Alberto Portuondo, supuesto testaferro y al que los primeros indicios señalaron como uno de los artífices de esta trama, así como la antigua secretaria personal del exvicepresidente del Gobierno, Teresa Arellano.
Una vez solventada la cuestión de las fianzas, los acusados comenzarán a perfilar su estrategia de cara al juicio con sus escritos de defensa, que podrían llegar el próximo mes, como avanzó Rato en sus últimas declaraciones a los medios tras recoger el auto.
Dada la naturaleza de los delitos -contra la Hacienda Pública, blanqueo y corrupción entre particulares-, la Audiencia Provincial de Madrid será el órgano encargado de celebrar la vista en una fecha aún por determinar.
