VALÈNCIA. (EP). El Pleno del Congreso prevé votar este viernes el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2019-2021 aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que se consideran la antesala de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene.
Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Gobierno ha pedido al Congreso que la votación de este acuerdo se incluya en la sesión plenaria que, previsiblemente, se tendrá que convocar para someter por segunda vez a votación el nombramiento de la periodista Rosa María Mateo como administradora única de RTVE.
La primera votación para la designación de Mateo se producirá el miércoles en un Pleno extraordinario convocado 'ad hoc' por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pero la periodista no alcanzará en ese primer intento los 234 votos que necesita para ser elegida para el cargo.
Por eso habrá de convocarse otra sesión plenaria 48 horas después, es decir, el viernes. Y en esa sesión en la que el Ejecutivo ha solicitado que se debata el "Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus susbsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019".
Este acuerdo debe ser aprobado por las dos Cámaras, aunque no se necesita una mayoría cualificada en ninguna de las dos. El problema del PSOE es que sólo tiene 84 diputados en el Congreso y que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado y su nuevo presidente, Pablo Casado, ya ha avanzado su rechazo a las cifras del Ejecutivo.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, ley orgánica en la que se regula dicho acuerdo, establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes.
Sin embargo, en ningún momento establece que su aprobación sea imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.