Carlos Castillo, a la derecha de la imagen. Foto PEPE OLIVARESALICANTE. El objetivo es repetir la jugada legal con la que se lograron anular los decretos de coordinación turística y el decreto del plurilingüismo de la Generalitat. Pero ahora con la Ley de Mancomunidades Comarcales. Y para ello, el PP de César Sánchez ha puesto a su diputado y portavoz Carlos Castillo al frente de una comisión cuyo objetivo es estudiar si la ley de comarcalización es constitucional, según ha explicado este miércoles el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez.
Castillo será el presidente de una especie de Comité de Defensa, pero en el caso de Alicante, con P, de Provincia, el CDP, con miembros del equipo jurídico de la Diputación de Alicante, el mismo que impugnó los anteriores decretos, pero esta vez con la baja de asesor jurídico Juan Giner, que dejó la institución para ir al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València.
De esta forma, la comisión estudiará el contenido de la Ley de Mancomunidades Comarcales, aprobada por las Cortes Valencianas sobre la que Sánchez ha expresado sus "serias dudas de que sea respetuosa con el municipalismo y la autonomía local", y también la modificación del requisito lingüístico a través de la modificación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos.
Del mismo modo, analizará las políticas de coordinación impulsadas por la Generalitat y la deuda histórica del Consell con la Diputación, que Sánchez ha cifrado globalmente en unos 190 millones de euros, principalmente por las competencias impropias que presta la institución provincial en servicios sociales, que sitúa en unos 25 millones anuales. En este caso, se trata del eterno debate sobre las competencias que, según el Estatuto de Autonomía, tiene la Conselleria de Sanidad, pero que en este caso ejecuta y financia la Diputación de Alicante. Se trata de la gestión de los servicios de la teleasistencia, el Hogar Provincial y el centro de salud mental, Doctor Esquerdo. Sobre éste último asunto, ya existe una comisión entre ambas instituciones, Conselleria de Igualdad y Diputación, que estudia el traspaso de la gestión o la aportación de fondos.
Sánchez ha augurado que "la batalla será larga" y ha apostillado que dicho enfrentamiento lo ha iniciado "el Gobierno del Botànic para quebrantar la convivencia con políticas exclusivas y no inclusivas". Y en la recámara está el texto normativo que prepara el Gobierno valenciano, a instancias de Podemos, para regular las competencias de las diputaciones provinciales.
