VALÈNCIA (EP). La portavoz de Justicia del Partido Popular en las Corts Valencianes, María José Ferrer San-Segundo, ha denunciado este sábado la "negligencia, opacidad informativa y caótica gestión" del Consell en la prevención y el mantenimiento de la Ciudad de la Justicia de València tras el incendio del pasado fin de semana.
"El silencio de Puig en el Debate de Política General fue una inaceptable falta de consideración y respeto a los empleados, profesionales y funcionarios de la administración de justicia", ha denunciado la 'popular' en un comunicado.
Ferrer San-Segundo se ha preguntado así "cómo es posible que tras seis días desde el suceso no se haya informado de las causas" o "cómo puede ser que, casi una semana después, no se sepa si el Consell ha realizado un mantenimiento adecuado, tomado todas las necesarias medidas de prevención y garantizado la seguridad para evitar siniestros" en la Ciudad de la Justicia.
En esta situación, la diputada considera que "hay mucho por explicar" mientras "la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, no está a la altura". "¿Cómo se explica que la Consellera permitiera, y hasta alentara, la apertura de las instalaciones, poniendo en riesgo la salud de empleados públicos profesionales y usuarios, y que luego el Invassat -organismo de la propia Generalitat- haya advertido que no estaban en condiciones de seguridad?", ha manifestado.
"La consellera Bravo habla, pero en realidad no informa: ni causas, ni razones, ni efectos, ni detalle de las labores de conservación efectuadas o de su omisión, ni, en definitiva, qué ha hecho en estos más de dos años como titular de la responsabilidad para prevenir incendios, y garantizar la seguridad tanto en la Ciudad de la Justicia de València como en todas las sedes judiciales de la Comunitat".
La 'popular' ha subrayado que "la obligación del Consell es informar" y ha lamentado que "cuando ocurre algo, a los gobiernos del PP se les exige información en tiempo real, completa y sin errores" mientras "cuando se trata de la izquierda, las causas se silencian, no se sabe hasta cuándo, en nombre de la socorrida prudencia".
En esta línea, la parlamentaria ha incidido en las "contradicciones" en las que cree que la Generalitat ha incurrido: "unos días dicen que las alarmas no sonaron y otros que sí pero poco, sin justificar qué ha fallado para que no cumplieran su función de alerta". "Y Bravo anima a los empleados de Justicia a incorporarse, con precipitación, mientras otras instancias lo desaconsejan, e incluso lo prohíben, cerrando las instalaciones", ha añadido.
"Una vez más -continúa- aplica sus dos marcas de la casa: una lentitud exasperante y el intento de trasladar las culpas a otros, como hace en todas las ocasiones que ve envuelta en un conflicto o un fallo de gestión, que ya se le acumulan".
Y, en este caso, la diputada del PP cree que la titular de Justicia "desvía los focos al TSJCV, a ver si oculta con ello su nefasta gestión". "¿Se imaginan qué estarían exigiendo PSPV, Compromís y Podemos si el conseller de Justicia fuera del Partido Popular?", se ha preguntado.
"Por mucho que Bravo quiera echar balones fuera es ella la responsable desde hace más de dos años de las instalaciones judiciales, por lo que es ella la responsable de prevención, de la información y de la gestión de la grave situación creada. El próximo miércoles habrá de rendir cuentas en la comparecencia parlamentaria, que ha pedido solo después de que lo instáramos desde la oposición", ha advertido.
En esta comparecencia, Ferrer San-Segundo ha indicado que grupo del PP en las Corts quiere "saber las razones y las medidas, pero también los efectos". "No solo en la rehabilitación del edificio y la reconstrucción de los expedientes, sino también en el funcionamiento normal de los juzgados, la dilatación de los procesos, la recuperación del tiempo perdido y los múltiples daños de todo tipo".
La 'popular' también ha criticado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "no hiciera ni un sola mención a lo ocurrido en la Ciudad de la Justicia en el reciente Debate de Política General" en el parlamento autonómico.
"Y ese clamoroso silencio, cuando tiene un servicio esencial como la justicia paralizado en València y su edificio cerrado, supone una inaceptable falta de consideración, y respeto a los empleados que realizan allí su trabajo y a los casi 10.000 usuarios que cada día que pasan por esa sede judicial".