El PP dice que ya alertó de que el decreto de sanidad universal "estaba mal hecho"

VALÈNCIA. (EP). El diputado del PP José Juan Zaplana ha recordado este martes, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional el decreto de sanidad universal de la Generalitat Valenciana que ya alertaron en su momento de que estaba "mal hecho" y se excedían las competencias autonómicas, y ahora ha sido la justicia la que ha reconocido que "es ilegal y va contra la Constitución". Por ello, ha pedido la dimisión de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, por ser "una chapuza en la gestión".

Así se ha pronunciado en los pasillos de las Corts Zaplana, que ha recordado que en la primera rueda de prensa del actual Consell, el 30 de junio de 2015, Carmen Montón realizó dos anuncios, uno sobre la realización de una auditoría de los departamentos de salud consorciados que "todavía no se ha hecho" más de dos años después y otro para "devolver la sanidad pública a todos los ciudadanos".

"Le dijimos que ese decreto estaba mal hecho, que incumplía las competencias de la Comunitat Valenciana para crear normas", ha recordado, para recalcar que ahora es el TC el que ha declarado que es inconstitucional. Tras las acusaciones al PP por haber promovido el recurso, ha incidido en que "quien lo anula es el Tribunal Constitucional" y no los 'populares'.

Zaplana ha insistido en que la consellera "es una chapuza en la gestión desde el primer día" y "la sanidad pública está cayendo en picado". "Todo lo que toca Montón lo infecta, lo contagia, es un virus contagioso para la sanidad pública, es un peligro para los ciudadanos", ha continuado el diputado.

Por todo ello, ha pedido la dimisión de Montón "por dignidad política" al no haber cumplido con las expectativas y también por otra cuestión que ha criticado especialmente, la llamada que habría realizado, según noticias aparecidas en la prensa, a un paciente oncológico para decirle "cómo tratarse en la sanidad pública".

Zaplana ha explicado que Montón, "saltándose la ley de protección de datos, usa el historial para llamar a determinados pacientes no para informarse sobre su salud, sino para imponer una ideología y decirles "lo que tienen que hacer", en referencia a si tratarse en la sanidad pública o en el IVO.

"Es preocupante, debería explicar quién le ha dado esa información médica", ha resaltado Zaplana, que considera que esa llamada supone "una imposición ideológica" de cara a los pacientes "usando información confidencial", un aspecto que, por sí mismo, ya debería suponer la dimisión, ha concluido.