El edil de Cultura Festiva, Pere Fuset. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Pere Fuset, el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, no tendrá que comparecer en los juzgados este viernes. Lo anunció ayer el Juzgado de Instrucción número 18 de València, tras tomar la decisión de aplazar la declaración del edil en calidad de investigado por el accidente laboral que se saldó con la muerte de un operario durante el montaje de las gradas para los conciertos organizados en los Jardines de Viveros en el marco de la Feria de Julio de 2017.
En principio, Fuset estaba citado a declarar este viernes 11. No obstante, la acusación particular había pedido retrasar la fecha debido a la concurrencia de otra vista, por lo que el juzgado decidió aplazarla al 25 de este mes, según avanzaba El Mundo. Pero precisamente esa jornada estaba reservada para el acto de Exaltación de la Fallera Mayor de la capital, por lo que el edil solicitó un nuevo aplazamiento. Así que su declaración se producirá tres días después, el 28.
Ahora bien, días antes del aplazamiento, el Partido Popular ya había llevado al mencionado juzgado más documentación relacionada con el caso para que el juez la estudie y la incluya en la causa. Concretamente, con la documentación aportada, el grupo municipal que dirige Eusebio Monzó pretende acreditar el oscurantismo del ejecutivo municipal en la gestión y comunicación del accidente.
Por un lado, según los expedientes, uno de los asesores populares presentó una denuncia en el Ayuntamiento poco después del accidente para que se iniciara una investigación al respecto arguyendo que las gradas no contaban con la resolución preceptiva del consistorio y, por tanto, con la autorización. Una denuncia que según el Partido Popular fue ignorada, por lo que acudió al Síndic de Greuges.
Las alegaciones de la concejalía de Cultura Festiva, en las que explicaba que se le había respondido como a cualquier asesor de un grupo municipal -por nota interior-, no impidieron que el Síndic diera la razón al PP, aduciendo que la denuncia había sido tramitada a título particular, como un ciudadano más, y no como un asesor, de manera que tanto si se estaba tramitando la denuncia como si no, el denunciante debía ser informado al respecto.
Sin embargo, esta recomendación tampoco fructificó, pues la delegación que dirige Fuset insistió en que, aún así, "se tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial, por lo que no se considera conveniente realizar otras actuaciones que pudieran interferir". Por esta razón, el Síndic cerró el expediente de la queja.
Y otro de los motivos que sustentaría la versión de los populares es que, tras reiteradas peticiones del PP para acceder a los correos electrónicos enviados entre la delegación y la empresa encargada de las gradas, estos no fueron remitidos hasta más de tres meses después y tras la publicación en prensa de uno de ellos. El recopilatorio del cruce de notas interiores, peticiones, preguntas y respuestas, en este período alcanza las 110 hojas, lo que daría cuenta de la dificultad de acceso con la que se topó el grupo, explican en la denuncia. Esta cuestión, por cierto, también llegó al Síndic de Greuges.
El trágico suceso tuvo lugar a finales de junio de 2017, si bien se hizo público el 4 de julio. La denuncia presentada por los populares data del 8 de julio, fecha a partir de la cual se ha recabado toda la documentación relativa y se ha trasladado al juzgado. Y al margen del procedimiento judicial, Inspección de Trabajo multó al consistorio con 40.986 euros al considerarlo "autor" de una infracción muy grave al suscribir un contrato de servicios y no uno de obras, lo que motivó unos requisitos legales diferentes.
Entre ellos se encuentra que no se requirió un informe de seguridad y salud que sí hubiera sido obligatorio con el otro modelo de contrato. En el consistorio, el gobierno municipal negó que esta sanción estuviera relacionada con el accidente laboral, sino que se circunscribía únicamente a la contratación.
Pocos días después de que se hiciera pública esta multa, el juzgado citó a Pere Fuset como investigado para declarar. Declaración que tendrá que esperar hasta el próximo 28 de enero, con la documentación del PP también encima de la mesa.
