VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude consideró una irregularidad la contratación sin concurso de los dos subdirectores de la fundación municipal de empleo València Activa. Ahora, el secretario del ente, dependiente del Ayuntamiento del Cap i Casal, contradice el criterio del organismo de control que dirige Joan Llinares y avala el método de selección que siguió la fundación municipal en 2017 y 2018, creando dos subdirecciones y eligiendo para esos puestos a Javier Mateo y Mar Marín, miembros del PSPV.
El último informe elaborado por Antifraude señalaba, de acuerdo también con los auditores municipales, que estos dos nombramientos, cuando dirigía la fundación la portavoz socialista Sandra Gómez, se hicieron sin justificar los principios de mérito y capacidad y méritos de idoneidad, y sin garantizar la publicidad y la concurrencia en el proceso de selección -'a dedo'-, como publicó Valencia Plaza.
Las conclusiones provisionales no agradaron nada al ala socialista del gobierno municipal de València, cuyo edil de Desarrollo Económico y actual presidente de la fundación de empleo, Borja Sanjuán, solicitó al secretario un informe propio. Y este, en su informe, es contundente al negar que estas subdirecciones tengan "consideración de directivos profesionales".
Concretamente, como publicó el diario Levante-EMV este miércoles, señala que según la normativa las fundaciones, aunque estén vinculadas al sector público, tienen un carácter privado, y que por eso sólo se rigen en lo público por la normativa presupuestaria, y no en materia de contratación del personal. "En cuanto a las normas de empleo público hay que indicar que, lógicamente, no
resultan de aplicación a las fundaciones", señala en ese sentido, aportando una sentencia del Tribunal Supremo que así lo avala.
El secretario considera que las consideraciones de la auditoría externa de la fundación contiene opiniones que "adolecen de fundamentación jurídica alguna" porque cita normativa que, como explica, no es de aplicación en el caso de las fundaciones. "Estas entidades [las fundaciones] no son administraciones públicas ni sus empleados tienen la consideración de empleados públicos, pese a estar sujetas a determinadas normas de derecho público", indica.
En ese sentido, atendiendo a la ley de Fundaciones, señala el informe, "tales cargos, de existir estatutariamente, quedan evidentemente sujetos a la confianza del patronato [...] que es quien les nombra y sin que resulten aplicables [...] las normas administrativas ni los principios de igualdad, mérito y capacidad". Eso, insiste el documento, "no equivale a que el patronato no deba motivar la designación de tales personas", sino simplemente que no están obligadas a superar un concurso para su selección.
Ahora bien, se refiere el secretario a cargos previstos en los estatutos de la fundación, algo que en estos dos casos no ocurrió: los puestos no existían. De ahí que el secretario sí esté de acuerdo con la Agencia Valenciana Antifraude en su conclusión relativa a que estos nombramientos se hicieron "con carácter previo a que se reconocieran estatutariamente tales cargos". De hecho, se crearon en 2021 tras la advertencia de los auditores.
El año pasado, una de las elegidas, Mar Marín, decidió abandonar el cargo para dedicarse a la docencia. El que era subdirector de emprendimiento, Javier Mateo, se ha convertido en concejal del PSPV tras ser designada la edil socialista Pilar Bernabé como delegada del Gobierno. Ambas plazas están ahora mismo vacantes: la primera se sacó a concurso tras las advertencias del Interventor y quedó vacante; y la segunda, ha quedado libre recientemente tras la salida de Mateo.
"Dada la situación actual en que las dos posibles subdirecciones no están nombradas", recalca el secretario, "las consideraciones de este informe se deberán atender en próximos nombramientos, si los hubiera".